Desde la de la Organización Kaianteya del Pueblo Wichí , denunciaron violaciones sistemáticas de niñas, adolescentes y mujeres indígenas por parte de grupos de hombres criollos.
Más de 20 mujeres wichis, de la comunidad Misión Kilómetro 2, próxima a la localidad de Pluma de Pato, sobre la ruta nacional 81, reunidas en asamblea expusieron que son víctimas de todo tipo de violencias que llegan al abuso sexual, los que a diferencia de otros casos, ocurridos fuera de las comunidades originarias que tienen gran repercusión en los medios, permanecen impunes y silenciados.
Las víctimas expresaron el dramático impacto que los abusos tienen no sólo en sus vidas, sino en la de sus hijas e hijos concebidos en esas circunstancias.
“Las violaciones son una práctica aberrante que viene pasando desde hace muchísimos años y es la herencia que tienen los criollos del ejército argentino, que también violaba en banda a las mujeres indígenas cuando se estaba haciendo la República. Hasta el día de hoy no se pudo erradicar”, declaró a La Nación Octorina Zamora, presidenta de la Organización Kaianteya del Pueblo Wichí y una destacada líder de esa comunidad en Salta, que lleva décadas denunciando las violencias contra sus mujeres y niñas.
“Esto sigue pasando pero no se le da difusión, quedan en total silencio. Son terribles los casos de violaciones en grupo y las que ocurren individualmente: es algo que se da todo el tiempo”, agrega, subrayando que no se garantiza el acceso a la Justicia para las víctimas y que la mayoría de los delitos quedan impunes.
La iniciativa para la asamblea que busca visibilizar los abusos, surgió luego de los recientes femicidios de las niñas wichis Pamela Julia Flores, de 12 años, y Florencia Isabel Torrez, que tenía 14 y cuya familia identificó como al agresor a un hombre criollo que casi la doblaba en edad y venía abusando de ella desde hacía tres años. Ambos casos ocurrieron con apenas dos meses de diferencia.
“En el mes de enero, el infanticidio-femicidio de Pamela causó mucho estupor en la comunidad. Me convocaron para ver cómo podíamos exteriorizar lo que estaba pasando, porque no es el único caso en la zona. Desde la construcción de la ruta 81 vemos asesinatos, desapariciones y abusos de niñas”, cuenta Octorina Zamora.
La referente explica que así surgió la idea de realizar la primera asamblea general de mujeres indígenas de la ruta 81 denominada “Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses” (acompañemos a nuestras infancias y adolescencias), que tuvo lugar en febrero.
“Quisimos exponer lo que se hace con las mujeres indígenas, cómo los criollos las utilizan sólo por placer. Hicimos reuniones y surgió con firmeza la idea de buscar la identidad de sus hijos e hijas, cuyos progenitores son de pueblos aledaños pero no los reconocen, ni a los niños ni los abusos que se cometieron con sus madres”, denuncia Zamora.
Las mujeres escribieron una carta dirigida al ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, donde hablaron de prácticas “invisibilizadas y silenciadas” durante años, y señalaron que quienes suscribían a esa nota eran “madres de niños que han nacido fruto de relaciones con hombres ‘criollos’”, de las cuales un número considerable “no fueron consentidas, y también muchas de ellas sucedieron a una muy temprana edad, en condiciones que hoy reconocemos como claros abusos”.
Agregan que sus niñas y niños “son hijos de personas que caminan impunemente por las calles del pueblo”, como trabajadores de la ruta, almaceneros, policías, gendarmes, maestros o enfermeros, así también como todos aquellos que “en su momento quisieron ‘satisfacer’ con nuestros cuerpos sus deseos sexuales. Se nos ríen en nuestras caras actuando con el silencio y el consentimiento de mucha gente que es indiferente a nuestro dolor, al de nuestros niños”.
La carta va a acompañada de testimonios desgarradores. Estos son apenas algunos: “El padre de mi niño era un hombre que vino a trabajar en la ruta, me embaracé con 14 años, él tenía 40. Después de un tiempo se fue, me dejó sola y se fue a otra provincia. Con el tiempo también entendí que fui abusada y no lo sabía”. “Trabajaba limpiando en una casa en el pueblo de Pluma, mi patrón me embarazó y nunca se hizo cargo, nos rechaza, somos su vergüenza. Pero él continúa haciendo lo mismo a otras mujeres, a otras chicas”.
Octorina Zamora (en el centro) junto a una compañera y Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (derecha), quien participó de la asamblea
Zamora señala que hacerle frente a la violencia machista y al racismo histórico en la zona, no es fácil y requiere de políticas públicas de largo aliento: “Nosotros siempre fuimos para el criollo como animales. Ese tipo de prácticas se replican y eso se tiene que cortar”, afirma. Cuenta que para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual, realizar una denuncia es una odisea: “La policía no la recibe, siempre es cómplice del delincuente y nunca está al servicio de la gente. Hay una falencia desde el sistema de seguridad que llega hasta la Justicia”, sostiene la referente. Por eso, la inmensa mayoría de los casos quedan impunes. Por otro lado, agrega que, por el aislamiento de las comunidades, llamar a los números que reciben denuncias resulta imposible, y que el desconocimiento que tienen las mujeres de sus derechos y la imposibilidad de acceder a la Justicia es enorme.
A partir de la carta presentada, Zamora cuenta que el gobierno provincial realizó una serie de talleres de capacitación a la policía y que desde la Justicia se tomaron las denuncias de las mujeres en territorio, pero más allá de esto considera que se necesitan “acciones más profundas”. Recuerda que a ella le tocó acompañar el caso de Juana, una niña de 12 años que fue víctima de una violación por parte de un grupo de hombres criollos en Alto La Sierra, en el extremo noreste de la provincia de Salta. Si bien tuvo gran difusión en ese momento, a mediados de 2015, según la referente, la chica y su familia quedaron luego completamente “olvidados”, sin ningún tipo de contención.
Uno de los mayores reclamos que se desprendió de la asamblea de mujeres de la ruta 81, fue que el gobierno provincial organice un comité de emergencia específico contra la violencia hacia la niñez, adolescencia y la mujer indígena, así también como que las referentes de esas comunidades participen de los espacios de toma de decisión, ya que son quienes conocen de primera mano las problemáticas que las atraviesan. “Sino, vamos a seguir siendo víctimas de abuso, violaciones en banda, asesinatos, femicidios, porque es una ola que no va parar”, denuncia Zamora, y se pregunta cuántas niñas y mujeres más caerán en el olvido antes de que se le ponga un freno a tanta violencia.
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