Tras las irregularidades que son motivo de investigación y la renuncia de Vicente Cordeyro, asumió como interventora de Espacios Público la ex Consejal Susana Pontussi.
La nueva funcionaria se mostró firme en seguir las medidas de la Intendenta sobre el “reordenamiento” de la ciudad y continuar con el marginamiento de cientos de familia que viven de la venta ambulante.
En diálogo con el medio De Frente Salta, Pontussi en referencia a los manteros aseguró “No pueden volver a las peatonales, no es posible, no podemos dar marcha atrás en esto.” también afirmó “Está tomada la decisión de recuperar el espacio público y la legalidad será el eje para avanzar”.Entre sus declaraciones admitió “Quizás como dicen no se venden lo mismo en la peatonal, en pleno centro que en la feria barrial” dejando ver el fracaso que es la reubicación de los manteros y como son perjudicados económicamente.
El nombramiento de Pontussi es un lavado de cara para aplicar las políticas de exclusión de Bettina Romero que tienen un claro tinte clasista. Van por los más vulnerables: en los últimos días, no sólo fueron perseguidos y raleados del microcentro los manteros, sino también los fruteros, músicos y bailarines que buscan hacer un mango para subsistir.
En este marco de atropellos, el Comité de Derechos Humanos de Salta, emitió un comunicado por las redes sociales, donde repudia la represión, persecución y amedramiento del gobierno municipal y provincial contra manteros, vendedores ambulantes y trabajadores precarizados. También recordaron que, entre quienes trabajan en el centro de la ciudad, hay muchas personas con discapacidad que tienen permisos para hacerlo, y también han sufrido la represión y hostigamiento. Los manteros y las manteras que sufrieron agresiones durante la manifestación del día 16 de octubre, como así también la decomisación arbitraria de la mercadería de los vendedores fueron mencionados en esta denuncia en redes.
Desde el Comité de DDHH piden:
- Cese inmediato de la criminalización de los ambulantes, manteros y precarizados;
- Abrir canales de diálogo atendiendo a los reclamos y escuchando a todos los sectores, y con la presencia de Organismos de Derechos Humanos.
- El fin de las campañas mediáticas apoyadas por el gobierno provincial y el gobierno municipal que muestran, a través de sus funcionarios, como victimarios a ese sector vulnerable y vulnerado desde hace mucho tiempo.
- Solicitamos una reunión con la Intendenta Bettina Romero y el Comité de DDHH del Concejo Deliberante
Por el momento, no se ven resultados favorables para el sector precarizado que vive de la venta informal para poder sustentar a sus familias. Las “soluciones” que plantea el municipio son irrisorias y por el momento, más de 250 familias son marginadas del mundo laboral.
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