Mediante juicio abreviado, la Sala 3 del Tribunal del Juicio condenó a un hombre a la pena de nueve años de prisión de ejecución efectiva por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de trece años de edad, tenencia, divulgación y distribución de material de explotación sexual infantil agravados por ser cometidos en perjuicio de un menor de trece años, producción de material de explotación sexual infantil agravada por ser cometida en perjuicio de un menor de 13 años, todo en concurso real.
El fiscal Penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Fiscal (UDIS), Pablo Rivero, inició la investigación meses atrás cuando la empresa Google puso en conocimiento de las autoridades sobre la posible comisión de un delito relacionado a la tenencia y distribución de material de explotación infantil de una persona con número telefónico con característica 0387, perteneciente a Salta.
Un trabajo conjunto entre UDIS y UFINAR permitió identificar al hombre titular de la cuenta y, de vigilancias realizadas, se estableció que vivía en barrio Solidaridad.
El fiscal Rivero solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda del hombre, medida que tuvo lugar el 6 de julio de 2022 y en el que se secuestró el celular del condenado.
Al día siguiente, la madre de niño denunció al hombre, señalando que tuvo conocimiento que en el celular secuestrado, habían fotos de su hijo siendo sometido sexualmente por su tío.
En Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), el menor de edad pudo contar que su familiar lo abusó, que le sacaba fotos y que él se escondía.
En la vivienda del hombre los investigadores constataron la existencia de elementos que pudieron ser apreciados en las fotografías que acreditan la producción local del material sexual.
Teniendo en cuenta todas las pruebas recabadas, el fiscal Penal 4 de UDIS, elevó la causa a juicio.
Luego de la condena del hombre, de 30 años, la jueza de la Sala 3 ordenó el traslado del sentenciado a la Unidad Carcelaria 1 y dispuso que se le extraigan muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
FUENTE : MINISTERIO PUBLICO FISCAL
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