Nuevamente sale a la luz información vinculada a transacciones sospechosas en los representantes salteños, y es que no es noticia vieja que en nuestra provincia tanto Gustavo Sáenz como Bettina Romero, y otros personajes dentro de la politica hicieron (y siguen haciendo) a espaldas del pueblo y queriendo burlar a la prensa evadiendo respuestas.
Es así, que hace más de un año, el Juez Alfredo Lopez Bello (vocal de la sala V de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) ordenó la entrega de información vinculada a los gatos de publicidad oficial, donde se incluyen procesos de contratación y la determinación de cuáles son los criterios de contratación a la hora de dicha ''iversión''. Esto, llevó a la adjudicación de una multa de $5mil por cada día de incumplimiento; que, teniendo en cuenta que se llevó a cavo el 14 de octubre de 2022, sería un aproximado de $1.500.000.
Hasta el día de hoy, dicha documentación sigue siendo parcial y las entregas fueron de manera descontinuada. En tanto, la Fiscalía de Estado (quien representa al gobierno provincial en el juicio) justificó dicho ''descuido'' con argumentos parciales durante el transcurso de los meses diciendo que la documentación es demasiada y ''sólo tienen un scanner'' para poder digitalizarla (cabe recordar, que la entrega de papeles solo basta con poner formato papel de prueba).
En tanto, Sáenz sigue sin informar sus gastos en publicidad destinados al año 2022 y los años consecutivos llegando el 2023, ni acompañando las copias del expediente de contratación de la consultora PRAXIS SRL; ni informar los cirterios usados por la Coordinación Administrativa de la Gobernación que lleva Nicolás Demitropulos y la Secretaría de Presa para la distribución de la pauta oficial.
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