La recusación que se tomó en contra de la jueza Ada Zunino, fue presentada en el juzgado de Garantía 1, admitida por las flagrantes fallas jurídicas y procedimentales en su actuación represiva contra los docentes salteños, por los hechos ocurridos entre los días 25 y 30 de Mayo.
Álvaro Arias Camacho, es el abogado defensor de los docentes que fueron detenidos ilegalmente por decisión de Zunino. El doctor formuló un planteamiento de recusación y en caso de oposición, se elevarán los autos al tribunal de impugnación.
El representante legal, brindó pruebas en las cuales la jueza de garantías constitucionales persiguió a los docentes y en las cuales, se violó el principio de inocencia, el cual la jueza debe garantizar elementalmente. Así mismo, la jueza brindó declaraciones en distintos medios de comunicación, que Camacho planteó en la recusación y aclaró que: “Dichas declaraciones significan claramente un adelantamiento de juicio sobre la causa (en donde la magistrada todavía debe entender y tomar decisiones) y, sin lugar a dudas, una evidente manifestación extrajudicial de su opinión sobre la misma, opinión que fue además efectuada en un medio de comunicación público y reconocido”.
En este contexto, destacó que la acusación carece de fundamentos legales y muestra carácter inconstitucional de su balance como jueza, prejuzgando determinados hechos antes de tiempo y sin tener en cuenta, que dichas circunstancias requieren de un desarrollo con un debido proceso judicial.
“Mal puede apartarse de su lugar de imparcialidad la funcionaria judicial cuya responsabilidad es velar porque en un determinado litigio, en donde la pretensión punitiva corresponde al Ministerio Público Fiscal, se cumplan precisamente las debidas garantías procesales. Y, como puede observarse, la señora Jueza, saliéndose de su rol neutral e imparcial declara directamente que los imputados han cometido un delito (cuando todavía estamos en una etapa inicial del proceso y donde cada uno de los encausados conserva su status de inocencia) y defiende el accionar policial, asumiendo un rol que en todo caso podría haber tomado un Fiscal o querellante, pero nunca un juez de garantías'', agregó Camacho.
Así mismo, sumó que: ''Tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad federal contenido el artículo 75 y inc. 22, han reconocido el estado de inocencia como una garantía central de debido proceso penal''; ''La imparcialidad del juez debe redundar no solamente en la falta de interés del proceso sobre el cual debe entender, si no debe preocupar la mayor objetividad posible, pues al no ser parte, su ánimo no debe estar embargado por ningún interés condicionante que tuerza la razón de su juicio y razonamiento”, sentenció.
En este contexto, el abogado finalizó argumentando que: ''La recusación de la jueza debe proceder porque sólo así se puede garantizar un estado de derecho democrático sobre las personas y los manifestantes docentes''.
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