El día de ayer, se conoció en Boletín Oficial, el decreto 91/23 de la provincia, donde se aprueba el '' Protocolo de Actuación del las fuerzas de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones''. La medida busca regular y limitar las protestas en el norte de la provincia, sobretodo en departamentos como San Martin, Orán, Tartagal, Aguaray y Mosconi.
En aquellas ciudades hubo repetidas y multitudinarias protestas de los vecinos motivadas por el corte del suministro de agua potable que se extendió por casi un mes.
También los pueblos originarios del Departamento San Martín, acudiendo a cortes de ruta intermitentes, intentaron con esa medida desesperada ser escuchados. Pero parece que al gobernador le molestan más las formas de la manifestacion popular que el fondo de una situación grave como es la falta de agua potable que requiere una solución estructural y permanente. Más allá de que la desinversión en el sistema hidrico lleva años, la respuesta debe darse en el presente ya que para eso son elegidos en la gestión los politicos.
Recordando eventos anteriores, donde el gobernador de Salta realizó una ''visita de médico'' por el norte para evaluar la situación de los salteños, y en la cual, no hizo presencia en los puntos de las protestas donde manifestantes llegaron a realizar una huelga de hambre por la solución inmediata de la problemática.
Pero el agua no es el único problema en el norte: la tarifa de Edesa por las nubes de un servicio que no se brinda, los pedidos de obras de saneamiento, las solícitas por infraestructuras en las escuelas y hopitales... los médicos y los recursos para la atención que no dan a basto... en fin.
En tanto, ayer se conoció que hablando con Nación; iban a construir algunos pozos de agua, ampliar la capacidad de El Limón y solucionar el problema de la Planta Potabilizadora de Itiyuro. Entonces si la solución era esa ¿Por qué hacer sufrir durante meses a las personas, limitando el acceso a un recurso vital para la subsistencia como es el agua? No es de sorprender, que nos encontremos en año electoral, porsupuesto.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno ante la situación deplorable que se vive en el norte?
Basicamente, sacar un decreto donde se quieren tapar las protestas sociales limitando el ejercicio periodístico. Para Sáenz, los cortes de ruta afectan "gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general", agregando que "gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras actividades".
Mientras que el Ejecutivo trabaja en las medidas de ejecución del protocolo junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación, surgen los cuestionamientos respecto a ''la latra chica'' del documento. Si bien Sáenz dice que se garantizan "los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes", nada más alejado de eso mismo, del cumplimiento de los derechos constitucionales de protesta.
¿Qué dice el documento?
Básicamente, anuncia el protocolo de actuación de la policía ante el más mínimo reclamo que esté vinculado a cortes de ruta, para "generar un ámbito de negociación para dar respuestas a las demandas".
Mediante el operativo de seguridad: "a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicará a los manifestantes que deben desistir" de la medida de fuerza. Las y los manifestantes deberán "retirarse y ubicarse en otra zona para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre el libre tránsito, dando a conocer que su negativa puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina, debiendo dar inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial que correspondiere".
La policía deberá hablar ocho idiomas originarios
Claramente, no hay que descartar la ''inlusión''. Los policías deberán estar capacitados para el anuncio de medidas en idiomas de las ocho comunidades distintas que habitan el norte de la provincia; quechua, guaraní, wichí, aymara, chané, chorote, tapieté y chulupí. Esto se debe a que según el protocolo, la policía "procurará la utilización de la lengua o idioma de dicha comunidad".
Una vez sacados los manifestantes del lugar ''iniciarán las negociaciónes''. Pero eso no es todo.
En referencia a las medidas que involucren ''ataques'' o posesión de ''armas contundentes''; en Salta/12 habló el abogado y presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Rodrigo Sola, quien comentó que en la mañana de hoy se presentará un comunicado al Ejecutivo provincial sobre la preocupación del protocolo y el desconocimiento de su elaboración, destacando que: "Detrás de ese derecho fundamental, están otros derechos que son los que se están reclamando en el norte". Además, destacó los tratados internacionales que establecen la garantía de la protección a colectivos vulnerables como lo son las comunidades originarias.
Quieren callar a la prensa y limitar el ejercicio periodistico
Como es de esperarse, no quieren que la prensa salteña cubra hechos que podrían vulnerar los derechos de los manifestantes. Limitar el acceso periodistico a este tipo de eventos, significa que no existirá cobertura sobre el accionar policial en estas circunstancias, lo que desencadena un espiral de censura para ambos segmentos.
"Los periodistas y comunicadores podrán ejercer su derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones", pero se contradice momentos despues al afirmar que "los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfleran con los procedimientos de la fuerza de seguridad pero que, al mismo tiempo les garantice la adecuada cobertura y emisión de la información".
Esta disruptiva generó malestar en el ámbito periodístico el día de ayer, donde trabajadores de los medios de comunicación dieron a conocer su indignación respecto al protocolo que vulnera sus derechos de libertad de expresión, rozando la censura.
COMUNICADO DE SIPRENSAL
En este contexto, el Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL) lanzó un comunicado donde menciona la criminalización de la protesta y que "disponen condicionantes que puede ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas". SIPRENSAL exigió la revisión urgente del ANEXO del decreto donde mencionan la limitación de la tarea periodística; ya que "puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad".
COMUNICADO DE APES
La Asociación de Periodistas de Salta (APES), calificó al protocolo como "un nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en la Provincia de Salta por parte del Gobierno Provincial", y exigió la revisión del protocolo de actuación, debido a que es una "clara vulneración de derechos constitucionales y de Tratados Internacionales en el que se rige el colectivo de prensa para ejercer el trabajo".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
