Mujeres Wichí de la Comunidad Yowepehen vienen siendo amedrentadas con armas y machetes y amenazadas con la violación de sus hijas por matones del terrateniente Ricardo Elvio Fernández, sobrino nieto de Jorge Panayotidi, para que desalojen sus tierras comunitarias,
En esta comunidad predominan las mujeres, que estas siendo amenazadas, violentadas y hasta privadas del agua, un derecho humano establecido por la ONU.
Sara Chavarría, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir, que viene acompañando a la comunidad, relató: “Hay amenazas con armas blancas y armas de fuego, cada vez que ellas vienen a Tartagal a hacer alguna compra, algo de alimento necesario para llevar, en el camino se cruzan a la gente del terrateniente y las amedrentan”.
Sobre las amenazas de violación afirmó “hubo un testimonio de una de las jovencitas que tiene 19 años a quien le dijeron que si la volvían a ver otra vez en la calle, la iban a violar”
Sara denunció que esos matones llegaron a ejercer agresiones físicas contra las mujeres, ante el pedido de que les devuelvan el suministro de agua del cual están siendo privadas por los terratenientes.
“A una de las hermanas la golpearon, le pegaron. Estuvo como 2 semanas tirada en cama, la llevaron al hospital y en el hospital le dijeron que ella no presentaba ningún golpe grave, pero ella estuvo 15 días en cama”
Además de la expulsión de sus tierras y las agresiones constantes, las mujeres de la Comunidad Yowepehen, ven amenazada su propia supervivencia ya que los empresarios les cortaron la provisión de agua.
Fernández decidió desviar el agua que consumen adultos, niños y niñas de esta comunidad, vulnerando así uno de los derechos humanos básicos establecidos por la ONU, el derecho al acceso al agua.
Sin embargo, cuando los originarios y las originarias reclaman la falta de agua, reciben amenazas de muerte por parte de los sicarios de los terratenientes.
Lo cierto es que el grupo de alrededor de 40 mujeres originarias y ciudadanas argentinas, viven en constante alerta de que no les suceda nada ni les hagan daño.
Ahora están establecidas en las cercanías de las tierras que ocuparon tradicionalmente y de donde fueron desalojadas con violencia, a partir de una resolución de la justicia provincial que apoyó el reclamo de los Fernández.
Ella denunciaron la violencia ejercida, pero hasta el momento no está contemplada por la justicia el derecho a su propiedad comunal. Señalan que no se está respetando la Ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y que suspendió todos los desalojos por ese tipo de litigios.
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