Ley de Humedales: sectores empresarios de Salta se oponen

El tratamiento del proyecto de ley de humedales generó una reacción airada en Salta, donde las cámaras que representan a la minería y los poderes tanto Ejecutivo como Legislativo, se manifestaron en contra, aduciendo que podría frenar la explotación del litio. El oficialismo nacional salió a aclarar que esto no ocurrirá e invitó a buscar "el justo equilibrio entre el cuidado del ambiente y la producción sustentable". 

La discusión incluyó una concentración en el Monumento a Güemes con el fin de que se suspenda el plenario de las comisiones de Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto, previsto inicialmente para hoy, en el que se esperaba sacar el dictamen sobre esta iniciativa que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de estos espacios naturales. 

Anoche se conoció que los diputados Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) pidieron a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, que fije una nueva fecha de realización del plenario de comisiones "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales". 

El proyecto impulsado por Leonardo Grosso (Frente de Todos – PBA) recoge los aspectos centrales de otras iniciativas presentadas en los últimos años y cuenta con el aporte de especialistas en la materia de universidades, organismos gubernamentales y organizaciones ambientalistas. Además, tiene el aval del Ministerio de Ambiente de la Nación que conduce Juan Cabandié.

Lo que se busca es una regulación que promueva la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso sustentable de los humedales. Para ello, se propone crear un Inventario Nacional de Humedales y penalizar los incendios intencionales en estos territorios, entre otros puntos.

Si bien la ley se viene discutiendo desde hace años, siempre con el rechazo de las patronales del agro, en los últimos días el gobierno salteño, la oposición y las cámaras empresariales mineras, emprendieron una campaña en su contra con el argumento de que el proyecto avasalla la soberanía de los recursos naturales de las provincias, amenazando con paralizar la producción.

Es que, por la definición de humedales, estarían comprendidos los salares de donde se extrae el litio en la Puna: el texto habla de “presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial” en “ambientes terrestres y acuáticos” y "superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas".

"Garantías de seguridad"

Desde Estados Unidos, el gobernador Gustavo Sáenz expresó la “preocupación” que le genera el proyecto de ley de humedales porque “podría impedir el desarrollo de la minería del litio, mineral protagonista de la transición energética, además de avanzar sobre cuestiones de soberanía e independencia de las provincias, en un país que es federal”.

“Exhorté a los legisladores nacionales a contribuir con el sostenimiento de la previsibilidad, con las mayores garantías de seguridad, sin modificar las reglas de juego, respetando la soberanía y la autonomía de las provincias”, afirmó Sáenz tras participar del ciclo “Democracia y Desarrollo”.

A su vez, la vicepresidenta de la Cámara de Empresas Mineras de Salta, Fernanda Fraga, y el titular de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta, Diego Pestaña, coincidieron en que “la ley es innecesaria” puesto que ya existen regulaciones provinciales para el cuidado del medioambiente que el sector privado cumple a rajatablas.

“Más allá de la parte técnica, que todo se puede discutir, acá hay un tema importante: lo que esta ley está haciendo es que Salta ceda sus recursos naturales al poder central, al Gobierno nacional”, apuntó Pestaña. En tanto que Fraga cuestionó que “se está creando un organismo nacional con control sobre la actividad” con lo cual se estaría “cercenando los derechos de las provincias”.

Desde el sector minero advirtieron que, de avanzar la ley, se podrían frenar proyectos de desarrollo “y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder, más miles de puestos que se deberían generar”, aseguran. Cuando se les pregunta si la exclusión de los salares en la definición haría cambiar su opinión, sostienen que no quieren ninguna ley de humedales. Al mismo tiempo, aúnan fuerzas con la Sociedad Rural para protestar en la Capital salteña.

Agitar fantasmas

Del otro lado, el diputado nacional Lucas Godoy consideró que es necesario “llevar un poco de tranquilidad porque se está generando alguna temeridad”, y afirmó: “Creo que hay que buscar el justo equilibrio entre el cuidado del ambiente y la producción sustentable, básicamente. No va a haber ninguna parálisis de la producción”.

Godoy sostuvo que en el bloque del Frente de Todos están trabajando “para modificar esos artículos” que han generado ruidos y planteó que “hay que diferenciar” los humedales del país para caracterizar los servicios ambientales y ecosistémicos que proveen. “Por eso la ley debe contemplar esta realidad federal, por supuesto sin avasallar atribuciones o competencias provinciales, buscando la articulación entre Nación y Provincia”, dijo en ese sentido.

Y aclaró: “Eso no significa que definidos como humedales se paralice la producción. Existen humedales también en Vaca Muerta, pero no se va a paralizar la producción petrolífera o del gas, actividades que son tan importantes para la Argentina (…). Hay que avanzar con una ley de humedales, pero también es importante retomar la producción sustentable, el empleo, las inversiones y el desarrollo”.

El legislador nacional dijo que el reclamo es legítimo y sostuvo que los cambios que harán son “para evitar la parálisis de la producción y lograr que continúe, para que la seguridad jurídica se garantice, para evitar que las provincias vean disminuidas sus atribuciones, para respetar a rajatablas lo que determina la Constitución Nacional en este sentido, escuchando a las distintas partes y buscando un dictamen unificado. Espero que se pueda lograr”.

Por otro lado, la Asociación Dr. Miguel Ragone emitió un comunicado para aclarar que desaprueba la declaración del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia sobre la ley de humedales. La entidad aseguró que la problemática “sobrepasa las jurisdicciones provinciales” que se señala en el texto aprobado por el área que preside Matías Posadas y advirtió que “se pretende disimular con la apelación a las autonomías provinciales el manejo a ‘discreción’ del recurso del litio y la corrupción que esa discrecionalidad requiere haciendo aparecer legal, lo ilegítimo”.

La entidad que conduce Fernando Pequeño sostuvo que “es posible trabajar en forma ambiental sustentable y lograr el desarrollo para todos los sectores” y por ello instó “a reforzar los marcos regulatorios actuales en materia de evaluación de impacto y evaluaciones ambientales estratégicas”, dando intervención a los sectores interesados en los controles y dotando a los organismos estatales de presupuestos para cumplir sus funciones.

En declaraciones a Radio Nacional, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, se refirió a las amenazas de paralizar proyectos de litio y consideró que las empresas agitan “un fantasma” que “tiene siempre un formato de chantaje o de extorsión intelectual” porque interpretan una amenaza a su actividad que no existe y transmiten a la sociedad que se perderán puestos laborales.

Fuente Pagina 12