“Unos hombres amenazaron a las mujeres con armas y machetes cuando salieron a comprar, les dijeron que se tenían que ir de la comunidad, que las van a matar o van a violar a sus niñas. Cuando las vea por ahí, les voy a pasar la camioneta por arriba, las voy a matar”.
Así relató una mujer Wichí de la Comunidad Yowepehen, emplazada a 20 kilómetros de Tartagal, las amenazas que recibieron el pasado jueves 14 de Octubre de matones del terrateniente Ricardo Elvio Fernández, sobrino nieto de Jorge Panayotidis Fernández, quien quiere avanzar en la usurpación de esas tierras comunitarias para expandir su fábrica de ladrillos.
Otra de las mujeres de la comunidad denunció: “mis hermanas que son adolescentes no van a la escuela porque tienen miedo que los sicarios las encuentran en el camino, a mí me amenazaron de muerte”. Ella estudiaba enfermería y dejó la universidad por miedo a que la violen. Iba en moto y temía que la encuentren en la ruta. “Los tipos siguen violentando a las mujeres y ellas viven con miedo, necesitamos urgente un representante legal que pueda proteger a la comunidad y a las mujeres”, relató a Revista Cítrica.
Según manifestaron las mujeres, entre los sicarios de Fernández hay hombres que estuvieron presos por asesinato fueron contratados para ejercer violencia contra la comunidad. El propio Ricardo Elvio Fernández en septiembre de este año empujó a Herminda Esteros, autoridad de la comunidad, ella se cayó y se lastimó el brazo.
Los Fernández dicen ser los dueños porque exhiben títulos registrales que desconocen la ley 26.160 y los derechos de los pueblos indígenas. Esa Ley declaró la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país y suspendió la ejecución de desalojos judiciales o desocupación de las tierras que ocupen los originarios. Además dispuso la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades con la finalidad de otorgarles la propiedad de sus tierras ancestrales.
La norma se prorrogó en tres oportunidades y ahora vence en Noviembre de 2021 y pese a reiterados reclamos de los pueblos originarios, no hay perspectivas de que sea tratada en el Congreso, dejando a las Comunidades en una situación absoluta de desamparo.
La violencia y saqueo como método:
Además de la violencia de género y las amenazas constantes que sufren, a las y los originarios “les quitan el agua comunitaria, la única que tienen para consumir, para fabricar ladrillos; matan los animales de la comunidad para hacer asado y siguen como si nada, impunemente sacando el agua y amenazando”, relató Seila Pérez, presidenta de la Junta APDH Salta, quien acompaña a las mujeres de la comunidad Yowepehen, sistemáticamente amedrentadas para que abandonen sus territorios
Las mujeres hace dos semanas ratificaron una denuncia ante el Poder Judicial de Tartagal, que habían realizado hace un año atrás, luego de un desalojo que ordenó la justicia de Salta en octubre de 2020. En esa oportunidad un grupo de 15 familias habían sido desalojadas de manera violenta a pedido de Panayotidis, quien reclama las tierras en donde estaba asentada la comunidad.
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