El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella anunció que solicitará el desarchivo de la causa “La Ciénaga” que investiga la presunta apropiación ilegal de 90 hectáreas de tierras por parte del senador nacional de Juntos por el Cambio Juan Carlos Romero, cuando ejercía la gobernación de Salta.
La causa por ”fraude a la administración pública y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas” investiga la compra por el estado provincial en 1998 de 90 hectáreas cuyo fin era “construir viviendas sociales para los sectores más vulnerables”, por un valor de 1.100.000 pesos a paridad dólar de ese momento.
Las viviendas nunca se hicieron y posteriormente, entre 2004 y 2009, con otro tipo de cambio, el inmueble se revalorizó y fue vendido tres veces hasta ser adquirido por la compañía El Carmen S.A., propiedad del hijo de Juan Carlos Romero, por la ínfima suma de 100.000 pesos.
Ese proceso judicial lleva más de una década de vaivenes y llegó hasta la Corte Suprema de la Nación y sin que se produjera ninguna resolución de fondo, hasta que un juez de transición dispuso du archivo.
García Castiella recapituló que en el año 2018 se declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica “atípica e inusual” dado que el fallo del Tribunal de Impugnación, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción por presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad de lo actuado por el juez de transición que había tomado la causa, informó Aries On Line.
El juez Pereyra, que tenía competencia en transición, dispuso su archivo, y aunque hubo planteos de los acusados e inclusive un pedido de sobreseimiento de la defensa del Senador, nada se resolvió bajo el argumento del archivo.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera a favor de la decisión de la Corte de Justicia de Salta de apartar al juez del Tribunal de Impugnación, la causa quedó “en una situación actual de indefinición que, necesariamente, debe resolverse”.
“La causa está mandada a archivo por disposición del juez de transición.”, expuso el procurador. “Lo que se está analizando es que se va a solicitar el desarchivo y analizar, dentro de todo este contexto de complejidades y nulidades, la forma de reencausar porque no es una causa que esté concluida”, señaló.
Al ser inquirido sobre las decisiones judiciales en la causa y sus repercusiones, García Castiella desestimó injerencias políticas. “No entiendo que haya que analizarlo desde el punto de vista de responsabilidades políticas. Esas decisiones, que fueron durante 2017, 2018, tuvieron la firma de 6 o 7 jueces. Puede ser opinable o no la forma en que han resuelto, pero las decisiones jurídicas no son materia de determinación de responsabilidades políticas”.
“Todos los delitos de la Provincia se van a investigar cómo se está haciendo. Esto está en una situación de indefinición que amerita una respuesta del Estado”, concluyó .
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