¿Qué está pasando en el norte nacional? ¿Tanta coacción y violencia para tapar el accionar de algunos de más arriba? Desde Jujuy y porsupuesto Salta, que no se queda atrás. Ayer, se difundió la noticia del futuro tratamiento de un proyecto de ley en Cámara de Diputados, donde se tapa el ''blindaje político'' con una modificación al Código Contravencional, donde se castigue a quien ''difunda, publique, distribuya, facilite, ceda o entregue a terceros imágenes, grabaciones o filmaciones de carácter íntimo, sin el consentimiento de la persona, y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica”.
Cabe aclarar, que el proyecto completo no está a disposición, ya que lo promocionaron como una ''pornovenganza'' con una pena de 30 días de cárcel o multa; pero no se aclaró que en el Art 50 se especifica: ''sanción, arresto o multa de hasta 25 días, al que creara o difundiere noticias falsas sabiendo que lo son, dentro del aspecto digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas u autoridades oficiales, generar desordenes o tumultos.”.
Es en este punto, donde surge el debate más fuerte; ya que es cuestionable quién se encarga de decidir que es fake news y qué no; qué se considera desorden o tumulti; a quién se dirige y sobretodo... si se refiere a la prensa o a cualquier ciudadano que publique en sus redes sociales.
Sofía Sierra, quién se dió cuenta de tremendo contexto, declaró que: “Para mí y según lo consultado con abogados, fiscales y jueces, este es un artículo totalmente inconstitucional y muy peligroso para la democracia blindar a funcionarios públicos ya que va en contra de los estándares de libertad de expresión que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Derechos Humanos”.
Ene ste sentido, agregó una cita del Código Penal: “En todo caso nosotros ya tenemos una doctrina consolidada que establece cuando hay difamación por noticias falsas sabiendo que lo son y se puede reclamar por daños y perjuicios dentro de lo civil, nunca por lo penal. La contravención es siempre penal y por eso digo que me parece inconstitucional el artículo 50”; “En este gobierno y seguramente en otros también, hay funcionarios que amedrentan a los ciudadanos y no podemos nosotros desde la Legislatura coartar la libertad de expresión desde ningún punto de vista.” sentenció.
Cabe resaltar, que Socorro Villamayor (co autora de la ley anti piquetes) fue la impulsadora de dicho proyecto, y al día de hoy, cuenta con el apoyo de todo el bloque oficialista compuesto por 22 diputados. Entre ellos, Vitin Lamberto, Mónica Juárez y Adrián Valenzuela (¿Periodistas?) que se encuentran en medio del escándalo por las grandes cantidades de dinero entregadas a los afines de Sáenz y Durand.
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