Un tratamiento exprés que no se debatió en comisiones, 11 votos a favor y 10 en contra, y un contexto de violencia y represión que encarca la nueva ley anti piquetes en la provincia. Presentada hace 14 meses, encajonada y ''resurgida'' por intereses del saencismo. El recorrido de la ley fue de 48 horas, sin tratamiento, sin lugar a palabras de más, y ayer en el senado solo se escuchaban los gritos de protesta de los trabajadores que, mediante esta ley, serán (aún más reprimidos) en un derecho consagrado en la Constitución Nacional, como es el derecho a huelga.
Con Legislatura vallada, con un despliegue policial desde horas de la madrugada: calles aledañas cortadas y la amenaza todo el tiempo. Así se trató una ley que sólo salió del cajón para el beneficio del oficialismo y sus punteros VIP. Pero la violencia y la represión policial por parte del gobierno para con los manifestantes no está para nada regulada como era de esperarse, una coerción de los derechos.
Mientras que los discursos de los senadores sólo existían paralabras como ''queremos el díalogo'', el gobierno sólo responde ''no porque no''. Nadie quiere hablar, sólo se quiere tapar con un dedo el sol. Entre las excusas que prevalecieron en las palabras de los ediles ayer estaban: ''No los representan, se desafilian del gremio y arman otro gremio consolidado''; ''Esos que ahora se hacen llamar autoconvocados'' y también ''Que vayan a trabajar''.
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Sobre la Ley anti piquetes
A rasgos generales, el objetivo es "conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas".
Básicamente, establece una ''serie de requisitos'' para que el manifestante pueda expressar su situación en la vía pública: "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo", o ante la autoridad que regule la norma.
En la notificación, se informará a la policía sobre el lugar donde se realizará la concentración, horario de inicio y transcurso de la misma, objetivos generales y específicos detallando los motivos de la protesta y quienes son los responsables de organizarla: "deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos" de libre circulación y de expresión, se afirma.
En su cuerpo, la Ley establece que "Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada".
Cabe aclarar, y un dato no menos importante, que el proyecto había sido presentado mucho tiempo atrás. En este momento, Cristina Fiore (co-autora) expresó que no eran las circunstancias sociales dadas para la aprobación de dicha ley. Sin embargo, no fueron escuchados ni los pedidos de los ediles y en menos de 48 hs, la ley ya se encontraba aprobada y lista para su aplicación.
El ''tratamiento sobre tablas'' en el Senado, con discursos a favor y en contra, fueron sobretodo en apoyo al oficialismo y castigo al trabajador. Esto se debe, a que ya sabían el resultado final de dicha votación, y no les movilizaba la respueta. Ene ste sentido, Javier Mónico aseguró en el inicio que la ley solo busca "armonizar y conciliar nuestros derechos" y más tarde, “en ningún momento hace referencia a restringir o limitar las protestas'', dichos que solo visibilizan un conocimiento pobre de las palabras detalladas en el proyecto, y que se estaba tratando básicamente algo para el beneficio del oficialismo y ahora, con la justificación de la libre intervención violenta en las marchas de los trajadores.
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