Camionero muerto en Bolivia: sancionarán a los agentes de salud de ese país por cobros indebidos

Una auditoría realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia, tras las denuncias de irregularidades en la atención de Alejandro Benítez, el docente oriundo de General Mosconi, en el norte salteño, que falleció luego de un siniestro vial en el vecino país, se concluyó que efectivamente fue atendido por el servicio de salud boliviano, pero también se corroboró que agentes del vecino país realizaron cobros indebidos.

Frente a esta conclusión, se advirtió que se abrirán sumarios administrativos para determinar si se aplicarán sanciones a quienes actuaron en contra de lo establecido por el acuerdo de cooperación en materia de salud entre Bolivia y Argentina.

El comunicado oficial de la Comisión Mixta de Salud Argentina-Bolivia, tras una reunión que tuvo lugar el 3 de agosto pasado, indica que Benítez falleció en el Hospital Central de la localidad de Ivirgazama como consecuencia del siniestro vial entre su motocicleta y un vehículo de alto tonelaje.

De la auditoría y el informe técnico llevados adelante por los equipos técnicos del Ministerio de Salud del vecino país surgió que Benítez “fue atendido por el servicio de emergencias del Hospital Central de Ivirgazama, recibiendo atención inmediata”. Las autoridades sanitarias indicaron que “debido al diagnóstico inicial -Traumatismo encefalocraneano (TEC) grave, con pérdida de conciencia, mal estado general, hipotenso (presión arterial 50/30 mmHg), diaforético, saturación de oxígeno 88 por ciento, Glasgow (escala de coma) 7/15, fracturas expuestas y fractura de base de cráneo- no fue posible estabilizarlo y referirlo a otro establecimiento de mayor nivel”. 

Asimismo, los representantes de Bolivia en la Comisión Mixta subrayaron que pese a que se constató que se efectuaron medidas orientadas al resguardo de la vida del paciente (transfusión de paquete globular), ante la gravedad de las lesiones, la hemorragia severa, el compromiso generalizado y el mal estado del paciente, se produjo su deceso.

La delegación boliviana precisó también que el informe técnico y la auditoría médica identificaron que, al margen de la atención médica brindada, hubo cobros y constancias de pago por algunas prestaciones recibidas, los cuales -afirmaron- son actos administrativos contrarios a la normativa y acuerdos bilaterales vigentes.

Las conclusiones de la investigación, llevada adelante hasta ahora por Bolivia, señalan que estos actos administrativos no generaron ni fueron la causa del fallecimiento de Benítez. No obstante, la cartera del vecino país comprometió la realización de los procesos necesarios para determinar la responsabilidad y eventuales sanciones que tengan que imponerse al personal involucrado.

Falta de conocimiento

Las autoridades bolivianas identificaron también con esta auditoría que “no existe el conocimiento suficiente por parte del personal de establecimientos de salud de los procesos y procedimientos inherentes a la atención de ciudadanos extranjeros en el marco de convenios internacionales y principalmente bajo el amparo de la Ley N° 1152, para lo cual el Ministerio de Salud de Bolivia, ha emitido un comunicado sobre la aplicación del Sistema Único de Salud en todo el territorio nacional”.

Por su parte, los referentes argentinos en esa mesa pidieron la remisión de los informes completos de la auditoría vía canales diplomáticos para ponerlos en conocimiento ante las autoridades argentinas.

Ambas partes indicaron que tanto ciudadanos bolivianos como argentinos deben ser atendidos en los territorios de la otra parte sin discriminación y brindando siempre un trato adecuado. Es así que se convino la realización de una nueva reunión de la mesa de trabajo en una fecha a convenir.

Enmarcarse en la Constitución Nacional

Pese a los informes que se dieron a conocer tras los hechos ocurridos en Bolivia, Farquharson indicó que es preocupante “como se usa” el fallecimiento de Benítez como “refuerzo del discurso de odio” hacia la comunidad boliviana “que nada tiene que ver con lo sucedido”. 

El funcionario vislumbró dos cuestiones: primero, que en Bolivia no existe el mismo régimen de salud que sí tiene Argentina. Segundo, que en el país “también hay límites a la hora de acceder al sistema de salud”. Puso como ejemplo que “todos los años hay muertes de niños wichí. O la falta de acceso del colectivo LGBT (de la diversidad sexual), que también tiene restricciones de acceso a la salud. También tenemos deficiencias y no por eso el pueblo argentino es responsable”, reflexionó.

Farquharson destacó que la Argentina es “un faro” en cuanto a la política de derechos humanos y de quienes migran al país, más cuando se tratan de sectores en situación de vulnerabilidad. “Sería un retroceso renunciar a eso. En todo caso, desde el país se debería propiciar que otros países cuenten con el mismo sistema de salud”, razonó. 

Advirtió que del peligro de buscar un “chivo expiatorio”, de mirar para otro lado ante una situación “de déficit” en salud, que se termina mal justificando cuando colectivos sociales ejercen su acceso a diferentes derechos. En este punto solicitó a quienes se dedican a la política a bregar por los derechos humanos y enmarcar sus discursos dentro del contenido de la Constitución Nacional para ayudar a erradicar los discursos de odio.

Fuente: Página12