El pasado miércoles 21 funcionarios de la Fiscalía Penal 2 acompañados por la policía y bomberos ingresaron al Convento San Bernardo para liberar a dos mujeres que querían abandonar el claustro pero era retenida contra su voluntad.
El fiscal Ramiro Ramos Ossorio ya tomó declaración a una de ellas, quien en su testimonio, señaló como responsable de su detención ilegal a la madre priora y autoridades del convento.
Se conoció que ambas mujeres contaban con autorizaciones del Vaticano para abandonar la reclusión por motivos médicos. Una de ellas tenía pensado volver al claustro mientras que la otra había resuelto dejar la Orden de las Carmelitas Descalzas. Por ese motivo, sus habían venido desde Mendoza para facilitar su traslado.
La investigación determinó que quien impedía la salida de ambas mujeres era el propio Convento, cuyas autoridades negaban la autorización, privándolas de su libertad, hecho que ante denuncia de los familiares motivó la intervención judicial.
Al conocerse el hecho, representantes legales de la iglesia salteña se pusieron en contacto con la policía. Evalúan ser querellantes en la causa, dejando en claro que la máxima autoridad eclesial de la Provincia no conocía que estos hechos estaban sucediendo, a puertas cerradas del claustro.
El abogado del Arzobispado, Eduardo Romani, informó a Voces Críticas que piensan presentarse el próximo lunes como querellantes en la causa, la cual consideran como “tristísima” y un hecho que puso en juego “la integridad y la salud física y espiritual” de las hermanas del Convento.
Sin embargo, todo parecería apuntar a la Hermana Superiora, ya que es la máxima autoridad y quien determina la salida de las monjas. “La responsabilidad es 100% de la superiora del Convento”, afirmó el sacerdote Oscar Ossola.
A lo que agregó que "hay que investigar la injerencia de terceras personas laicas, que evidentemente influyen en la decisión de la superiora". Esto haciendo referencia a María Livia y Carlos Obeid, fundadores de Yo soy la Inmaculada Madre, quienes están a cargo de las actividades en torno al Cerro de la Virgen.
Las responsabilidades legales
Desde la fiscalía explicaron a Nuevo Diario que se trabaja en determinar si existió el delito de privación ilegítima de la libertad de las mujeres y para ello escucharán los testimonios de las dos mujeres afectadas.
Ya se determinó que una de las mujeres tenía pensado no volver al Convento y abandonar la Orden una vez dada de alta en el hospital, lo que habría desencadenado la negativa de las autoridades eclesiasticas para autorizar su salida.
“También hay que saber qué tipo de justificativo se pretende esgrimir para haber tomado una actitud de esta naturaleza, luego saber si ese justificativo tiene respaldo legal, hay cuestiones en los que entra en tensión el derecho canónico, en principio no hay ninguna herramienta desde el punto de vista legal que autorice a tener este tipo de comportamiento”, sostuvo el fiscal Ossorio.
El funcionario agregó que el monasterio nunca accedió a mantener un diálogo con la justicia, como se les ofreció para evitar el allanamiento.
“Nunca se brindó un canal de dialogo por cualquiera de sus representantes legales que nosotros ya los conocemos porque han intervenido en otros procesos”, declaró.
La investigación continuará en los próximos días cuando declare la otra víctima faltante de la que solo se conoce su nombre religioso. A partir de ahí se tomarán otras medidas para avanzar en la causa.
Ambas mujeres retornaron con sus familias y reciben asistencia médica dado que padecen enfermedades oncológicas y son de avanzada edad.
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