El fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, resolvió ampliar la imputación contra Miranda Ruiz, médica del hospital Juan Domingo Perón, quien practicó una Interrupción Legal del Embarazo, ILE, a una mujer de 21 años el pasado mes de septiembre.
Vega acusa a la profesional de haber practicado un aborto sin el consentimiento de la gestante, a partir de una denuncia presentada por una tía de la mujer. La ampliación de la imputación fue presentada en la audiencia judicial realizada ayer martes, prosiguiendo la causa contra la profesional y que llevó a su detención y posterior liberación el 3 de septiembre.
Miranda Ruiz es la única médica no objetora de conciencia del hospital de Tartagal, que accede a realizar las ILE e IVE solicitadas por mujeres de la zona. Luego de su detención había recibido un amplio apoyo de organizaciones feministas, y aún de la Ministra de Mujeres Elizabeth González Alcorta. En el día de ayer mujeres se manifestaron en su favor en la Ciudad Judicial de Salta capital y en Tartagal.
En el descargo difundido a la opinión pública al ser liberada, la médica había descartado de plano la imputación en su contra. Explicó que un aborto realizado contra la voluntad de la paciente no puede progresar, ya que la ILE se realizó con consentimiento firmado, en presencia de testigos y a través de un procedimiento auto administrado por la propia paciente por vía oral con misoprostol.
Sin embargo la fiscalía insiste en que, de acuerdo a elementos de prueba aportados a la causa, la médica, habría llevado adelante el procedimiento sin el consentimiento voluntario de la gestante.
Aunque en la audiencia la médica se abstuvo de declarar, en declaraciones a la prensa había refutado esa posibilidad. “En la historia clínica está perfectamente escrito, que yo indico un tratamiento auto-administrado, que hay testigos, que está el consentimiento informado, que tengo conversaciones con mi paciente. Esta causa penal es muy sencilla, estoy cumpliendo con la ley nacional nada más, no sucedió otra cosa, este no es el problema.”
En el descargo público, realizado posterior a su liberación, la profesional sostuvo que la denuncia estaba motorizada por intereses políticos interesados en avanzar contra los derechos de la mujer consagrados en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Aparentemente existe como una organización mafiosa entre la Justicia, algún sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores”, señaló.
Miranda Ruiz, aludía así al patrocinio de la denuncia por parte del abogado Andrés Rambert Ríos, quien también es defensor del médico Marcelo Cornejo, profesional de ese hospital de Tartagal imputado por abuso de menores en el ejercicio de su función como ginecólogo.
Además el juez que había dispuesto la detención de la médica Hector Fernando Mariscal Astiguetta, fue denunciado en 2016 por violencia y maltrato laboral y un jury de enjuiciamiento se había impulsado en su contra luego de que negara, la interrupción del embarazo, hasta que finalmente se le realizó una cesárea, a una niña wichí de 12 años violada en 2015 por 8 hombres
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