La masiva manifestación que se espera mañana por parte de la CGT quedaría al borde de la ilegalidad si la ley ómnibus de Javier Milei estuviera vigente. Aunque el derecho a huelga está amparado por la Constitución Nacional, el proyecto legislativo que el Gobierno dio a conocer en su segunda versión insiste con una clara política de criminalización de la protesta social, en línea con el tristemente célebre “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich.
La iniciativa no solo estipula modificaciones al Código Penal para quienes interrumpan el tránsito, sino que también apunta contra los “organizadores”, una brumosa figura legal que le valió a Bullrich críticas hasta de la propia oposición aliada de Juntos por el Cambio, que apoyaría en general la norma. Pese a que la ministra de Seguridad retiró el polémico artículo que limitaba las reuniones de al menos tres personas en la vía pública, el texto usa llamativamente como sinónimos las categorías “manifestación” y “reunión”, y ahora las estipula en un mínimo de 30 personas.
La nueva-vieja ley Bases declara en su artículo 1 la emergencia “en materia de seguridad” –entre otras materias– y le da superpoderes al Presidente al respecto durante un año, con otro prorrogable con previa autorización del Congreso. “El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento”, reza en su segundo artículo como uno de los para qué de la emergencia. Milei podrá aplicar políticas sobre seguridad a discreción por el plazo de 12 meses, extensibles a 24.
El art. 305 de la nueva ley ómnibus
Para el Gobierno la seguridad es el control de la calle, y el Título IV así lo explicita. En el capítulo 1, sobre “Organización de las Manifestaciones”, endurece las penas del Código Penal. Estipula de uno a tres años y medio de prisión para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes”. Es decir, quien realice un piquete. Agrava la pena de dos a cuatro años de prisión si la manifestación es con armas.
La novedad que incorporó Bullrich es la figura de “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación”. Les aplica penas de dos a cinco años, “estén o no presentes en la manifestación o acampe”. Y establece prisión o reclusión de tres a seis años a aquellos organizadores que obliguen a participar a las manifestación bajo amenaza. Para la ley, los organizadores además serán “solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado”.
El artículo 305 es el que conceptualiza qué es una protesta, vulnerable de ser reprimida por las fuerzas de seguridad. “Entiéndase por ‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de TREINTA (30) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”. La ley exige que se pida autorización al ministerio de Seguridad al menos 48 horas antes.
El mismo capítulo sobre seguridad defiende el rol de los agentes policiales. Agrava las penas contra los “atentados y resistencia a la autoridad” y justifica la “legítima defensa”, que en los hechos hace permeable los casos de gatillo fácil.
Reclamos de propios y ajenos
Luego del paso de Bullrich por el plenario de comisiones hace 15 días, la oposición discutió la semana pasada con el oficialismo la letra chica de la política antipiquetes dentro de la ley ómnibus. En el marco de la mesa política que se abrió en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, una de las voces más críticas fue Karina Banfi, segunda del bloque de la UCR. La objeción es que, tal como está, el texto es susceptible de ser frenado en la Justicia. Ayer hubo sorpresa en la bancada radical porque finalmente no hubo modificaciones en el texto.
“Está mal escrito. No pueden incluir la figura del autor intelectual porque esa forma está en la composición de lo que es una asociación ilícita. Pueden darle responsabilidades civiles o administrativas, pero no penales. No pueden meterlos en cana”, apuntó una fuente parlamentaria que siguió de cerca los planteos opositores. “Hay que distinguir reunión de manifestación; no son lo mismo. Además, hay una diferencia sustantiva entre una manifestación pacífica y otra violenta”, se quejó la voz legislativa.
La ley ómnibus pone el foco en los "organizadores" de las manifestaciones callejeras.
Las críticas al articulado oficialista generaron también el repudio de importantes organizaciones. Ya el 29 de diciembre pasado se había hecho eco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un tuit, el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos señaló: “La protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
En las audiencias públicas en el plenario de comisiones hubo amplios cuestionamientos al carácter represivo de la ley, desde Amnistía Internacional al CELS. El fin de semana pasado elDiarioAR recogió las advertencias del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales: enviaron una nota al Congreso planteando su “extrema preocupación por la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad”.
Para el CNPT la ley ómnibus “limitará el derecho a las manifestaciones públicas y las protestas sociales”. “Criminaliza de forma discrecional conductas que son propias de cualquier manifestación o reunión y omite cualquier limitación al accionar policial, a los que se suman los problemas de la ampliación de los tipos penales de resistencia a la autoridad”, alertaron.
En el marco de esa polémica por la ley ómnibus, la movilización de mañana –convocada por la CGT pero con adhesión de las CTA, los movimientos sociales kirchneristas y de izquierda, más un sinfín de banderas– será un desafió de hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a llevar adelante su política represiva. La semana pasada hubo un fallo de la Justicia porteña para que los agentes de la Policía de la Ciudad, tanto los uniformados como los civiles, estén correctamente identificados en la protesta que se concentrará frente al Congreso.
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