Sobre el filo de la masiva marcha de ayer con la consigna “En defensa de la universidad pública argentina”, el Ministerio de Capital Humano anunció en la noche del 22 de abril en un comunicado que les transfirieron a las 65 universidades públicas poco más de $24.000 millones para gastos de funcionamiento.
Este ítem, bajo el nombre de Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, representa solo el 7,9% del presupuesto total. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias anoche confirmaron que depositaron “el 100% de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales, con el aumento del 70% de los gastos de funcionamiento por un total de $10.075 millones”.
La cartera a cargo de Sandra Pettovello - de la que depende la Secretaría de Educación - había concretado así un anuncio que había hecho previamente el jueves anterior. Sin embargo, esa transferencia no había tenido un reflejo en las arcas de las universidades nacionales hasta ayer. El giro de los fondos buscó contrarrestar el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sobre el desfinanciamiento del sistema educativo superior público que devino en la mayor mavilización masiva de la última década. El organismo que reúne a las universidades nacionales,había considerado en otro comunicado que esa suba anunciada era insuficiente.
Asimismo, desde Capital Humano informaron que se giraron “la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, además del refuerzo especial y extra para el Hospital de Clínicas, que implican casi $14.000 millones de pesos”.
Las universidades reclaman que es insuficiente
Según el presupuesto inicial, las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud tenían para este año asignados $1.385.290 millones (1,3 billones), el mismo monto que en 2023, pese a la inflación. El 26 de marzo hubo una ampliación presupuestaria de $30.629 millones, apenas el 2,21%. Con el aumento anunciado antes de la marcha del 70% para gastos de funcionamiento, el presupuesto vigente pasó a $1.440.397 millones (1,4 billones), o sea, apenas un 4,1% más.
Aún con la ampliación anunciada por el gobierno, la caída interanual del presupuesto universitario es del 34%. En 2024 se destinarán $690.000 por estudiante, un 72% menos que en 2023, sólo para gastos de funcionamiento. Esto sin contar algún aumento en los salarios docentes y cualquier posible inversión edilicia.
De acuerdo al análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), considerando la expectativa de inflación para 2024, esta última ampliación implica que el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior equivale a un 71% menos que en 2023. El cálculo de ACIJ surge de considerar una inflación proyectada por el REM para 2024 de 189%, usando una inflación promedio interanual, lo que arroja un índice de 265%.
El más bajo en 30 años
El gobierno de Milei está haciendo funcionar el conjunto de las universidades públicas nacionales con el presupuesto más exiguo para la educación superior de los últimos 30 años, revela el informe de ACIJ.
Los dos aumentos del 70% anunciados por la administración libertaria, uno ya depositado y otro anunciado para los próximos días, apenas cubren el rubro gastos de funcionamiento de las universidades y representan apenas el 2% del presupuesto que tienen las 65 casas de altos estudios nacionales.
El anuncio oficial
Desde el Ministerio a cargo de Pettovello distribuyeron , planillas con el detalle de las transferencias a cada institución educativa y a los hospitales de las universidades. Esta última partida incluyó “un refuerzo especial y extraordinario para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios de la UBA, lo que implica un desembolso de $11.812 millones”.
Con este aumento, el Gobierno aseguró que “garantiza la continuidad absoluta de las clases” y del segundo cuatrimestre, “lo que no es impedimento para la intención del gobierno de auditar y fiscalizar el gasto”. De hecho tituló el comunicado “La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación”. Asimismo anunció que al “70% actual se sumará al otro 70% ya consensuado con las autoridades del CIN, que oportunamente será cancelado, en la próxima cuota aproximadamente en un mes”.
El anunció del desembolso tuvo lugar mientras se llevaba adelante una conferencia de prensa convocada por el CIN, con representantes de las organizaciones que se plegarán a la marcha de esta tarde, “para visibilizar una situación dramática” en sus instituciones, según alertaron. “Han dicho que hubo acuerdo, no es cierto. Si hubiera habido acuerdo, no estarían los docentes y no docentes perdiendo contra la inflación y los rectores teniendo un 300% de aumento en los gastos, que no es un aumento real, sino un ajuste. Ojalá, porque lo buscamos, lo estamos propiciando, tenemos ganas de ir al diálogo, entendemos que hay maneras, que es posible, pero si todo el tiempo el gobierno dedica a pelearnos, lo dedicara al diálogo, ya tendríamos un acuerdo”, cuestionó el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi.
El origen de la crisis
La crisis del financiamiento universitario tuvo como punto de partida la decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año, sin considerar la inflación del año pasado del 211% y el 51,6% acumulado en el primer trimestre del año.
Si se toma en cuenta que el presupuesto en 2023 fue $1.385.290 millones (1,3 billones), y el actual vigente para todo el año es de $1.440.397 millones (1,4 billones), la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 32,6%, según el cálculo realizado por ACIJ. “Esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio de ejecución del gasto público nacional que disminuyó el 30%”, afirmó Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Fiscal de ACIJ a Infobae.
“Gran parte de esa caída en la ejecución interanual se explica en que el 80% del presupuesto universitario se lo llevan los salarios, que quedaron muy por debajo de la inflación”, agregó este sociólogo. Para calcular esta reducción presupuetsaria, ACIJ tomó la variación interanual mes a mes, desde marzo 2023 y sin considerar la estimacion para marzo.a marzo 2024, que arrojó un 287% efectivo.
En efecto, el 52,2% del total del presupuesto universitario se lo lleva el pago de salarios de docentes universitarios y el 30,5% de los no docentes. Sin embargo, las asignaciones para este rubro no fueron aumentadas en lo que va de este año, por lo que las partidas siguen siendo las mismas que en diciembre de 2023. Esto implica que las universidades no tendrán fondos para asumir las paritarias.
“Sin una ampliación presupuestaria, la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde 1996, el primer año que se tiene registro, tomando todos los presupuestos a valores en pesos de 2024″, advirtió Gaggero.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
