Alberto Fernández publicó el pasado día 16 el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presupuesto 2022, después de que en diciembre pasado la oposición le rechazara el proyecto de ley en el Congreso, pero esta vez el ministro de Economía, Martín Guzmán, excluyó del texto las comparaciones de gastos por área entre 2021 y 2022, que son las que permiten advertir en qué se ajusta y en qué no.
Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha desviado de la meta fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el segundo trimestre, por los impactos de la guerra de Ucrania (el encarecimiento de las importaciones de energía y una mayor inflación que obligó a mejorar la ayuda social con medidas como el Refuerzo de Ingresos), pero se ha comprometido a corregir las cuentas públicas en el segundo semestre.
Busca así alcanzar el objetivo anual de un déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Marcos Makón, difundió este miércoles su análisis del DNU y halló sin embargo por dónde ajustará el Ejecutivo.
Disminuye la inversión pública y los programas sociales
El rubro con más recorte es el de transferencias de inversión pública, que en 2021 supusieron el 1,8% del PBI y en 2022 bajarían al 1,3%, si se cumple el DNU. La poda se produce pese a que el decreto sumó, respecto del proyecto de ley original, fondos para escuelas, rutas y obras hídricas para las provincias y aportes a empresas para actividades científicas, aunque acotó en $ 3.402 millones el presupuesto de Energía Argentina SA, la empresa estatal que preside el cristinista Agustín Gerez y que tiene en sus manos el gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires.
Los programa sociales también se reducirían al 1,3% este año, del 1,8% del PBI en 2021, cuando aún se sostenían algunas ayudas por la pandemia. Y eso que el decreto reforzó las partidas para las becas Progresar (para estudiantes), el plan Potenciar Trabajo (para trabajadores de la economía popular), el Refuerzo de Ingresos y las políticas alimentarias.
Los subsidios energéticos, que crecieron por la importación del gas y del gasoil encarecidos por la guerra, deberían finalizar a fin de año en el mismo nivel que en 2021 por la segmentación de tarifas, que quita la subvención al 10% más rico de los hogares, se la acota al 60% de clase media y se sostiene para el 30% más pobre.
Por eso, en teoría, el presupuesto de ayudas al gas y la luz se mantendría en el 2,2% del PBI, según el DNU. Sin embargo, en la oposición prevén que esta partida terminará aumentando. “El precio de la energía vuela por los aires”, señala el diputado y economista Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, después de un mayo en el que la importación energética se encareció 115%.
“Al 90% de los usuarios se le aumenta la tarifa por debajo del 50% de inflación del año pasado, pero este año la inflación será mucho mayor. Para el 60% de los hogares, la tarifa aumenta 40 ó 45% contra una inflación que va a correr al 70%. O sea que los subsidios van a crecer no sólo por el precio internacional de la energía sino por la inflación local”, pronostica Tetaz.
El presupuesto por decreto prevé mantener también los subsidios al transporte público en el 0,5% del PBI, lo que hace prever algún aumento del boleto de tren y colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el segundo semestre. En tanto, las subvenciones a otros servicios económicos se recortarán del 0,4% en 2021 al 0,3% en 2022. Esa poda ocurrirá pese a que el DNU reforzó las partidas para AySA y los fondos para la protección de los bosques nativos, Nacional para el Desarrollo Productivo (Fondep) y de Garantías Argentino (Fogar).
Las transferencias de gastos corrientes (no inversiones sino para personal y otros fines) a las provincias disminuirán del 0,9% al 0,8% del PBI, para disgusto de los gobernadores. “Se disminuyen los recursos destinados al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la suma de $ 5.142 millones”, advierte un informe que cita otro diputado y economista de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio.
También se podaría la inversión financiera en maquinaria, del 0,2% el año pasado al 0,1% en 2022. Y eso que el DNU contempla una asignación extra de $ 9.357 millones para Aerolíneas Argentinas. El gasto corriente en bienes y servicios también caería del 0,8% al 0,7%.
Más fondos, pero menos gasto
En otros rubros aumentará el gasto, según el análisis de la OPC. Las erogaciones en jubilaciones y pensiones se elevarán de 7,6% al 7,8% del PBI, por efecto de la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó este gobierno y que se rige por la evolución de la recaudación tributaria y el devenir salarial.
Además crecerá la inversión pública hecha por el propio Estado nacional, del 0,5% al 0,6%. El DNU incorpora fondos adicionales para el plan Juana Manso, de reparto de computadoras a los estudiantes; para la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Transporte (para renovación de vías del Belgrano Cargas, vagones para el Roca, modernización del Belgrano Sur, mejora del tren a La Plata), dos reactores nucleares y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).
Otro análisis posible del presupuesto que elaboró la OPC es compararlo con el fallido proyecto de ley de presupuesto 2022, que preveía una inflación del 33%. El DNU no explicita un pronóstico del índice de precios al consumidor (IPC), pero está basado en un alza de entre el 52% y el 62%. Por tanto, para mantener los mismos niveles reales de gasto respecto de la iniciativa original, las erogaciones deberían ser 21,8% superiores. Pero el decreto las incrementa 24,5%. Aquellas partidas que crecen por debajo del 21,8%, es porque se reducen respecto de la iniciativa desaprobada por el Congreso: es lo que sucede con jubilaciones y pensiones (que suben 20,2%), pensiones no contributivas (+18,9%), gasto en personal (sólo +8,4%) y en bienes y servicios (+14,3%). En cambio, caen directamente 25,1% la obra pública del Estado nacional y 13,8% la inversión financiera en maquinaria.
Por el contrario, suben fuerte respecto del plan original las partidas para subsidios a la energía (+87,2%), al transporte (+37,2%), transferencia de capital a provincias y otras entidades (+35,8%), programas sociales (+35,5%) y otras subvenciones económicas (+31,7%). O sea, los giros de fondos para obra pública a los gobernadores y los planes de asistencia social se reforzaron respecto del proyecto de ley rechazado en diciembre pasado pero igualmente caerán respecto de 2021.
El DNU también prevé que la emisión de deuda local para financiar el déficit fiscal alcance el 1,9% el PBI, según calculan en la Fundación Capital, que conduce Martín Redrado. En 2021 había sido del 1,5%. En las filas de Redrado consideran que Guzmán no podrá colocar tantos bonos, en medio de un clima de desconfianza hacia los títulos en pesos, y deberá recurrir a más emisión monetaria.
Más allá del presupuesto, Frigerio advierte que al 15 de junio, cuando ya había transcurrido un 45% del año, todas las áreas habían subejecutado la inversión pública, según un estudio de la consultora Analytica. A esta altura del año se había gastado el 29% del presupuesto anual en obra estatal. Los ministerios de Desarrollo Social, con el 43% erogado, y de Obras Públicas, con el 40%, son los que más ejecutaron. La Secretaría de Energía los sigue con el 34%, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el 32%, el del Interior, con el 26%, el Fondo para la Integración Socio Urbana (urbanización de villas y asentamientos), también con el 26%, el Ministerio de Transporte, con el 24%, y, por último, el de Educación, con el 17%.
Fuente: Alejandro Rebossio para El Diario Ar.
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