En el marco del inicio de las acciones legales contra el gobierno jujeño, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa, y señalaron que: “el accionar del gobernador y candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, expone al Estado argentino a graves sanciones de organismos internacionales”.
En este sentido, desde el organismo informaron que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen en agenda llevar a cabo medidas de sanción al país ante las actitudes represivas y de censura del gobierno de Morales.
Así mismo, la querella argumentó su postura sobre la situación en un comunicado oficial: "Asumiendo las obligaciones internacionales del Estado argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la violenta represión y sus consecuencias, como las lesiones gravísimas a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos".
"Ante la represión llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, la CIDH había llamado la atención al Estado argentino exigiendo respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios", sumó.
El organismo encabezado por Horacio Pietragalla Corti, nombró como "legítima" la modalidad de protesta de los jujeños, argumentando que: "Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica".
A todo esto, se suma el comunicado de Naciones Unidas expresando su postura en contra de Morales y presionando a Nación para "investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy", y considerando que se deben ''redoblar los esfuerzos'' para la promoción del diálogo y de esta manera, reducir tensiones entre mandatarios y el pueblo.
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