Con 227 testimonios dónde se denuncian una serie de violaciones a los derechos humanos, se puede probar una parte de la situación de extrema violencia que vive el pueblo de Jujuy por parte de su gobernador: En su mayoría grupos etarios jóvenes y sectores de pueblos originarios.
"Podemos afirmar que los derechos humanos están siendo violados"; detalla el documento preliminar. Y agregaron el recorrido que se desató desde el 16 al 26 de junio, dónde miembros de organizaciones de DD HH, sociales, sindicales y dirigentes políticos recorrieron San Salvador, Tilcara, Purmamarca, Perico, Abrazamos y Purmamarca, entrevistandose con 227 personas y de esta manera, dar cuenta de las situaciones que ya son de público conocimiento en base a la lucha salarial de los docentes, y la reforma constitucional.
En un total de 38 páginas, se detalla el accionar represivo: "En el año 2021 y en julio del 2022, hubo dos delegaciones que se hicieron presentes en la provincia, tomaron testimonio a decenas de personas que denunciaban distintas vulneraciones de sus derechos a manos del Estado jujeño", se lee en el documento, afirmando que los allanamientos irregulares, el hostigamiento de la policía, las persecuciones a las organizaciones sociales, detenciones de forma arbitraria , son desde ese momento, moneda corriente para todos los jujeños que se encuentran en manos de Morales.
Además, aseguraron que la clave fue la “creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social, vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y despojo de sus tierras”; teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo respecto a los puntos de inflexión: protesta docente, triunfo de la fórmula de Morales para la formación y con ello un resultado de "impunidad absoluta para que avanzará con la reforma constitucional, pensando que pasaría sin mayores sobresaltos".
En cuanto a los ejes destacables de la nueva ola de violencia, desde la misión destacaron que “Lo característico de esta nueva etapa es la extensión de estas prácticas al conjunto de la población que se manifiesta, extendiéndose a otros que circunstancialmente se hallaban en el lugar del hecho”.
Sobre el día de la aprobación de la reforma, fecha con la cuál se dió inicio por decirlo así, de la violencia más desmedida, cientos de personas rodearon el lugar en contra de dicha decisión de forma pacífica y ejerciendo su derecho a protesta, como detalla nuestra Carta Magna, símbolo Nacional que está siendo vulnerado una y otra vez por el gobernador Morales al imponer sus privilegios ante los derechos de la población.
Datos recaudados
Los testimonios suman un numero total de 227, donde se resaltan la violencia policial, violencia institucional, persecución, amenazas, abusos sexuales (en marco de protestas y en las propias casas de dirigentes o personas que convocaron a la protesta por medio de redes sociales). Además, la lista incluye desapariciones forzadas durante horas tanto a personas que se encontraban en la marcha, como a otras que simplemente circulaban por el lugar al momento y hora ''equivocados''.
Entre los testimonios, fueron consultadas comunidades originarias, donde detallaron problemas que arrastran hace un tiempo, “pero que se han agudizado bajo el gobierno de Morales”. En este aspecto, se incluyen amenazas en vehículos sin identificación, apagones de luz en pueblos completos y detenciones masivas a los manifestantes.
Todo esto, que inició un 20 de junio (irónicamente el día de la bandera nacional) parece no tener fin, y hace horas aparentemente atraviesa por su ''segunda ola de violencia''. De esta manera, los últimos dos días se registraron alrededor de 42 detenciones arbitrarias por "delito de sedicion", debido a las protestas contra la reforma constitucional en junio. En repudio a la violencia indiscriminada de Morales, habrá repercusiones en el Congreso de la Nación, quienes harán presencia allí serán Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Pérez Esquivel y referentes políticos.