El Senado aprobó este jueves 28 de octubre la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Dicha prórroga cosechó 43 votos afirmativos, apenas 2 negativos y 7 abstenciones, pasando ahora a la Cámara de Diputados Nacional. De los tres senadores por Salta, Nora Giménez (autora del proyecto) y Sergio Leavy votaron a favor y Juan Carlos Romero se abstuvo.
La ley 26.160 tendrá vigencia hasta el año 2025, donde durante este periodo quedan suspendidos los desalojos de los pueblos originarios de sus tierras y se ordenó realizar un relevamiento de la ocupación territorial ancestral en todo el país.
Para el relevamiento se otorgará un presupuesto de 290 millones de pesos. Este relevamiento es muy importante porque de este depende la regularización del territorio en el que habitan comunidades indígenas de todo el país.
Al proyecto original se le sumaron algunas modificaciones, la primera, es permitir la participación de las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades; y la segunda es obligar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea.
Por su parte, Nora Giménez afirmó "Reconocer los derechos de las comunidades es un acto de estricta justicia, que además nos permite cumplir con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y con varios tratados internacionales” aparte de reconocer esta Ley como un acto de “Justicia social”.
Sin embargo, no todos los Senadores de Salta están conformes con la Ley de Emergencia Territorial Indígena. El senador nacional Juan Carlos Romero, entre varias de sus declaraciones, afirmó que la prórroga de esta ley solo demuestra la ineficiencia de quienes gobiernan, aparte de considerar que no hay garantía de que se cumpla. El Senador también cuestionó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado nacional a entregar el título comunitario del territorio que ocupa a las comunidades reunidas en la organización Lhaka Honhat, en el norte salteño.
Los originarios de nuestra provincia
En Salta el avance de los terratenientes sobre los territorios indígena ha vulnerabilizado los derecho de los originarios, quienes reciben amenazas, violencia y hostigamiento por parte de aquellos que quieren usurpar sus territorios.
La Comunidad Yowepehen ha recibido numerosas amenazas y hasta la privación del agua por parte de Ricardo Elvio Fernández, dueño de una fábrica de ladrillo, quien manda a tercer a violentar a las mujeres de esta comunidad.
O la comunidad Honat Le Les, quien lleva más de doce años de lucha por lograr la titularización de sus territorios y frenar el desmonte de sus tierras.
La Ley de Emergencia Territorial no solo es efectiva para que los originarios posean sus tierras, va mucho más allá, es el primer paso para poder reconocer sus derechos y garantías, pero sobre todo que ningún terrateniente vuelva a vulnerarlos.
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