El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó la ley de reforma jubilatoria que había sido aprobada por el Congreso la semana pasada. La decisión fue confirmada tras la firma del decreto correspondiente por parte del mandatario en la noche de este viernes. La publicación oficial de la medida está programada para el lunes, cuando se incluirá en el Boletín Oficial, formalizando así su entrada en vigor.
La determinación del presidente Milei se produjo después de una serie de reuniones llevadas a cabo en la Casa Rosada, donde se discutió el futuro de la ley con distintos bloques de diputados considerados dialoguistas. A este encuentro asistieron representantes de los partidos PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y La Libertad Avanza (LLA), quienes manifestaron su respaldo al veto presidencial. Durante estas reuniones, Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes participaron activamente en las negociaciones.
En una primera instancia, Milei mantuvo reuniones con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA). Posteriormente, el presidente amplió la discusión a otros legisladores que integran estas bancadas, con el objetivo de consolidar una base de apoyo suficiente para sostener el veto. Las conversaciones se enfocaron en las razones detrás de la decisión, y en cómo asegurar los dos tercios de los votos necesarios para evitar que la oposición restablezca la ley en el futuro.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones había sido aprobado el 22 de agosto con 61 votos en el Senado de la Nación (sobre 69 legisladores presentes) y establecía un esquema que combinaba el Índice de Precios al Consumidor y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones.
Mientras que el sistema jubilatorio que decretó Javier Milei en marzo consiste en aumentos mensuales atados al (IPC) y contempló un ajuste del 12,5% único por la devaluación previa.
Según indicaron fuentes oficiales, Milei expuso ante los legisladores los fundamentos de su veto, argumentando preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad fiscal del país y la necesidad de implementar medidas que aseguren la viabilidad económica del sistema previsional a largo plazo. Estas justificaciones se alinean con la agenda económica del gobierno, que busca reducir el déficit fiscal y promover políticas de austeridad.
El respaldo de los bloques de diputados que asistieron a las reuniones es clave para Milei, ya que le permite contrarrestar los esfuerzos de algunos sectores de la oposición que buscarán mantener vigente la reforma jubilatoria en el Congreso. Para hacerlo, ambas cámaras necesitan reunir dos tercios de cada cuerpo legislativo que rechace el veto presidencial.
La ley, impulsada inicialmente por otros bloques parlamentarios, proponía modificaciones en el sistema de jubilaciones y pensiones, con el fin de actualizar los beneficios y mejorar las condiciones de los jubilados.
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