En una jornada emotiva, fueron liberados finalmente los detenidos en Jujuy. El contexto de la apresión, está vinculado a las más de 40 órdenes para detener personas que habrían participado de las manifestaciones del 20 de junio en San Salvador, y el 30 de junio en Humahuaca. De estos hechos, resultaron detenidas 13 personas, 12 fueron llevadas al penal de Alto Comedero, mientras que el abogado Alberto Nallar fue ingresado en el penal de Gorriti.
Entre los detenidos, había docentes, trabajadores, militantes y aún siguen sin volver a sus hogares tres de los jóvenes de Humahuaca que al día de hoy, cuentan con prisión preventiva extendida por un período de 30 días. En cuanto a Nallar, se encuentra con prisión domiciliaria por 20 días.
Mientras se celebra que estas personas puedan estar de nuevo en sus hogares, se pone en juicio los motivos y las modalidades con las que se maneja Morales, apresando a diestra (y siniestra) a todo aquel que se atreva a ir en contra de sus políticas autoritarias y anti constitucionales, a fines de amedrentar a los jujeños e imponer ''obediencia''.
Desde el auge de la violencia sucedido el 20 de junio, parece que Morales tiene una forma poco coherente de celebrar el día de nuestro símbolo patrio, haciendo uso de políticas vinculadas a la época de la dictadura militar. De ahí en más, todo fue en caída y se incrementaron las persecusiónes y la violencia, incluyendo allanamientos, golpizas por parte de la policía, detenciones a los manifestantes adjudicándoles causas sin sentido, entre otros.
Ya desde el 17 de junio, se empezó a dar lugar a la violencia y el cestigo, con las golpizas a grupos indígenas que se manifestaban en ruta 9 y ruta 52 a la altura del acceso a Purmamarca: ¿El delito? Ir en contra del avasallamiento de los poderosos, que buscan vender sus espacios ancestrales a fines de sacar ''un par de pesos'' de empresas privadas. Claramente, a costa del pueblo y de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. Constitución, que parece que el gobernador Morales no conoce y de esta manera, aún quiere ser vice presidente de la Nación.
En este sentido, la nueva ola de violencia del gobernador jujeño, se llevó a cabo a partir de dos conceptos: la presentación como querellante en aproximadamente cien denuncias contra manifestantes de distintos focos, y por otro lado, la detención de la mayoría de ellos en la provincia. El resultado, la cárcel. Según Mariana Vargas, defensa de varios de los detenidos: “no pudimos verlos porque la condición era que nos hicieran un cacheo físico después de haber déjalo nuestros teléfonos celulares y carteras, ya que no nos dejaban ingresar con tales elementos, pero el ejercicio de nuestra profesión no puede ser con humillaciones”.
Los cargos: sedición contra el orden constitucional, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños, estragos, estorbo funcional y entorpecimiento del transporte terrestre con el agravante de ser parte de una organización constituyen algunos de los cargos. Así mismo, la liberación de los detenidos es momentánea, y se debe a la falta de pruebas (posiblemente, a la espera de la puesta en escena de la policía para poder adjudicarles alguna): “por orden expresa del gobernador Morales”, indicó el fiscal de Estado Miguel ÁNgel Rivas, de la mano con el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el produrador general Sebastián Albesa.
Al momento, sigue la incertidumbre de cómo seguirá la situación en nuestra provincia hermana, y es que parece ser que los pedidos internacionales no hacen mella en Morales, y mucho menos, los pedidos de Nación. En estos momentos, el gobernador desarrolla su campaña política a sangre y puño, mientras viaja por el país y encarcela a quien se atreva a ir en contra de sus políticas autoritarias.
Ampliaremos.
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