La resolución cautelar dictada por el máximo tribunal, dispone que el Gobierno destine más de $180 millones en volumen de impuestos de co participación a la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el Estado presentará un pedido de revocatoria ''in extremis''.
Esta decisión del gobierno, se conoció después que Alberto Fernandez se reuniera con algunos gobernantes tanto de manera virtual como presencial.
En la reunión también estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
El fallo aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La medida cautelar, fué dictada por el máximo tribunal, y ordenaba que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos co participables. En este sentido, informaron que las transferencias debian hacerse en forma diaria y por medio del Banco Nación.
Asi mismo, los magistrados procedieron a suspender la Ley 27.606 sobre la reducción de la participación de la jurisdicción de la Capital.
La pelea de la co participación Todo inicia en el año 2016, cuando no se logró un acuerdo en los costos de la Policia Federal que debe ser cedido por la Ciudad Autónoma. Esto debió resolverlo la Corte en un ámbito de negociación con el máximo tribunal.
Mauricio Macri, en ese momento presidente, subió a cuota de la Ciudad del 1.40% al 3.75%. En 2020, el nuevo presidente Fernández, decretó por Ley una reducción en dicho presupuesto, y estos fondos, los dirigió hacia la Provincia de Buenos Aires. Los reclamos salariales de la policía, se hicieron notar en el mandato de gobernación de Kicillof.
Horacio Larreta, recurrió a la Corte en contra de esta decisión. Así, se inició un proceso de convocatoria de las partes por parte de la Corte, para resolver las diferencias y proponer un porcentaje de manera voluntaria, fallando en el intento.
La respuesta de la Casa Rosada
En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
"En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.
Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis´ de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ´in extremis´ de la misma.
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