Los programas estatales para cooperativas de trabajadores informales se convirtieron en un elemento central de la política social a partir de 2016, según señala el estudio "Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina", publicado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar, una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas.
En esa categoría se incluyen los programas Potenciar Trabajo, el Salario Social Complementario, Argentina Trabaja, Hacemos Futuro y el Programa de Empleo Comunitario.
El análisis -firmado por Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino- establece que a pesar del importante crecimiento en la cantidad de beneficiarios de esta asistencia, los beneficios reales disminuyeron un 36% entre abril de 2017, cuando se creó el Salario Social Complementario, y junio de 2021.
Esto va en línea con una tendencia más amplia. “El nivel de beneficios reales ha caído de forma sostenida desde la creación de este tipo de planes de cooperativas en 2009. A pesos constantes de 2009, los niveles de beneficios del Potenciar Trabajo [en 2021] representan solo un tercio de los beneficios que recibían los cooperativistas por el Argentina Trabaja en 2009”, calcula el estudio.
“La mayor caída de los beneficios reales se dio entre 2009 y 2013 [N. de la R.: durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner], período durante el cuál los beneficios reales cayeron más del 50% por la erosión de la inflación sobre los beneficios nominales, que no fueron ajustados hasta 2013”, agrega el informe.
Los autores describen que durante el gobierno de Mauricio Macri los movimientos sociales “demandaron un nivel de beneficios equivalente a medio salario mínimo, lo cual derivó en un aumento regular del nivel de beneficios nominales”. Esto, sin embargo, no necesariamente representó una recuperación total de los valores reales (sin tener en cuenta la inflación).
“Esta política se aplicó al Salario Social Complementario y luego se extendió a Hacemos Futuro, que más adelante se unificarían en el programa Potenciar Trabajo con el mismo nivel de beneficios atado al salario mínimo”, agregaron.
La importancia de Potenciar Trabajo
El programa Potenciar Trabajo fue creado en 2020, unifica iniciativas previas como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, y es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Según se explica en el sitio oficial, tiene por objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa”.
El informe de CIAS y Fundar detalla la administración del programa y destaca la intervención de organizaciones sociales, que “gestionan frente al Ministerio de Desarrollo Social quiénes son los individuos que tendrán acceso al plan, y tienen además la capacidad de dar de baja a un individuo del plan si no cumple con los requisitos”.
Además, los movimientos sociales “gestionan el dinero de los insumos que utilizan las cooperativas para sus actividades productivas” y “son los encargados de organizar a las cooperativas y de coordinar sus tareas productivas”, explica el documento.
Schipani, Zarazaga y Forlino señalan que la cantidad de beneficiarios de los programas de cooperativas, como el Potenciar Trabajo pero también Argentina Trabaja, Ellas Hacen y el Programa de Empleo Comunitario, han aumentado año tras año significativamente hasta llegar a las 1.223.537 personas en septiembre de 2021.
Según los datos públicos analizados en el informe, el gobierno de Macri finalizó su mandato con dos veces y media la cantidad de beneficiarios de planes de cooperativas que había en 2015, al final del gobierno de Fernández de Kirchner. Por su parte, de acuerdo con el último dato de la administración de Alberto Fernández (septiembre 2021) hay 91% más personas incluidas en estas iniciativas que en diciembre de 2019.
Las fallas en la inserción al empleo formal
En su análisis de las políticas sociales de la Argentina, el estudio también destaca que “el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente- cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal”.
Dentro de la categoría de “subsidios para la preservación o promoción del empleo formal”, los autores incluyen a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el Programa de Inserción Laboral.
“En 2019, por cada peso que se destinaba a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban $11 a programas de cooperativas de la economía popular”, detalla el informe.
Por último, Schipani, Zarazaga y Forlino advierten que “si el Estado argentino no incrementa su inversión en la promoción del empleo formal en una economía con una alta tasa de informalidad, esto redundará en una disminución progresiva del número de contribuyentes al sistema previsional. A la postre, esto pondrá en jaque la capacidad fiscal del Estado para cumplir sus obligaciones previsionales con los adultos mayores más pobres”.
Fuente: Chequeado
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