El gobierno de Javier Milei oficializó este martes a través del Boletín Oficial que destinará $100.000 millones en condición de gastos resrvados a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras los anuncios del Poder Ejecutivo sobre la nueva estructura a cargo de Sergio Neiffert.
La transferencia de fondos percibidos por la organización de inteligencia se dará en carácter reservado, es decir, el Poder Ejecutivo no está obligado a brindar información sobre el destino de esos ingresos.
Según el artículo 1 del decreto firmado por el mandatario, se asigna "adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional la suma de pesos cien mil millones ($100.000.000.000) destinados a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la presidencia de la Nación para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional".
"Establécese el carácter reservado de los fondos previstos en el artículo 1" de la presente medida en los términos del artículo 38 bis de la Ley N' 25.520 y sus modificatorias", aclara el texto en su artículo 2.
La SIDE había dejado de funcionar con ese nombre en 2001, luego de la aprobación la Ley 25520 de Inteligencia. Desde 2001 a 2015, existió como Secretaría de Inteligencia hasta que en 2015 –-tras la muerte del fiscal Alberto Nisman–, Cristina Fernández de Kirchner impulsó la creación de la AFI Agencia Federal de Inteligencia.
En 2015 cuando la entonces presidenta, creó la AFI resolció que se haría una distinción entre los fondos públicos, sobre los que se podía conocer su monto y su uso, y los fondos reservados, que permanecían secretos. El 90% de los fondos destinados a la AFI se rindieron públicamente.
Ahora Javier Milei creó nuevamente la SIDE por decreto, dotándola de una millonaria suma de gastos recretos, en coincidencia con el 30º aniversario del atentado a la AMIA. Paradójicamnte la investigación por ese atentado se vio embarrada centralmente por el rol de los organismos dedicados al espionaje. Entre otros "trabajos" que quedaron comprobados, la SIDE fue la que le pagó 400.000 dólares a Carlos Telleldín para involucrar con su declaración a un grupo de policías bonaerenses en el atentado contra la AMIA, con el fin de desviar la investigación. Tras el escándalo por el pago de sobornos, el Estado argentino se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a transparentar los siempre turbios fondos reservados de Inteligencia.
El Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei que destina 100 mil millones en gastos cuyo destino será secreto y sin rendición pública va en sentido opuesto de lo actuado por los últimos gobiernos democráticos que procuraron blanquear los gastos reservados.
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