El clima en la vecina provincia no parece mejorar, y es que mientras el gobernador se pasea por el país haciendo campaña para su vicepresidencia en aviones sanitarios, el pueblo exige la justicia debida y que se declare inconstitucional la reforma que castiga la protesta y busca apropiarse de tierras de pueblos originarios para la explotación indiscriminada del litio.
En este sentido, entidades internacionales y nacionales, se hicieron eco del pedido de justicia ante los hechos violentos que desembocaron por medio de la represión, el castigo y la persecusión de Gerardo Morales hacia los manifestantes. Es así el caso del MInistro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia por pedido del presidente, que se declare inconstitucional a dicha reforma por la Convención Constituyente provincial violatorios de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
Dicha reforma, contradice los derechos en los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 inc. 17 y 22 y 123 de la Constitución Nacional, además de los tratados internacionales suscriptos por Argentina. Es así, que en estos artículos del texto que se sancionó el día de la bandera, se vulneran los derechos y garantías que se deberían garantizar por medio de la Carta Magna, además del Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley N° 24.071, de acuerdo a la presentación.
La acción fue presentada el viernes pasado, y elaborada por equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos HUmanos, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionale sde la Secretaría de Derechos Humanos; por el Instituto Nacional de Asutos Indígenas y el cuerpo de la demanda, compone aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
''Gravedad institucional''
Así se presentó el escrito entregado, llevado a cabo en el marco de la reforma parcial de la Constitución jujeña, impulsada en un marco de violencia y persecusión política por el Ejecutivo Nacional, a cargo de Gerardo Morales, y que '' pone en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
En este sentido, se destaca que “Organismos Internacionales de Derechos Humanos, con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”; haciendo referencia por un lado, a la comunicación oficial emitido el 20 de junio de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el otro; a la comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial expresando afirmando que lo dispuesto en Jujuy “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
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