Desde que se desencadenaron los hechos más violentos y represivos, vinculados a políticas del tipo dictatoriales del gobernador Gerardo Morales, cientos de denuncias se asentaron, además, comunicados de solicitudes para cese de la violencia hacia el gobernador tanto nacionales como internacionales.
En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la justicia federal que se abra una investigación penal de carácter urgente debido al accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la represión indiscriminada hacia los manifestantes.
En tanto, la presentación de la denuncia llevó cosigo testimonios y pruebas sobre las prácticas que hicieron violación de derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy, recogidas en los últimos días por la delegación encabezada por el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.
Entre las pruebas, las víctimas comentaron que recibieron golpes y malos tratos en las detenciones, además de balas de goma en el rostro, detenciones injustificadas y lejos de los lugares citados para las manifestaciones. Además, agregaron el uso de vehículos sin idenificación, allanamientos a viviendas aprticulaes sin orden, y presencia de policias infiltrados en las movilizaciones pacíficas.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, detalla el documento.
Además, se agregó que el propio gobernador publicó en sus redes sociales, antecedentes judiciales de supuestos manifestantes y dicha información sólo puede ser manejada por el Poder Judicial. En la denuncia, se incluye además, un habeas corpus ante la justicia jujeña presentado este lunes por la Secretaría para frenar los actos de extrema violencia y represión y garantizar de esta manera, el derecho a la protesta.
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