Con la finalidad de formalizar un sector que, pese a su gran tamaño e importancia, históricamente funcionó al margen de la ley, el Gobierno lanzó el programa Registradas, destinado a las trabajadoras de casas particulares. La iniciativa contempla que el Estado se haga cargo durante seis meses de entre el 30% y el 50% del salario de las nuevas trabajadoras, y que el dinero se transfiera directamente a cuentas a su nombre, en el Banco Nación.
Según se detalló, la parte empleadora deberá completar el porcentaje restante del salario e inscribir a la trabajadora en la página web de la AFIP, además de pagar la ART, los aportes y contribuciones. El beneficio se puede solicitar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, una vez realizada el alta de la relación laboral.
El Gobierno subsidiará el 50% de la remuneración neta mensual cuando los ingresos brutos mensuales del empleador o empleadora sean menores a $122.500. En los casos que el ingreso se ubique entre $122.500 y $175.000, será del 30% de la remuneración neta mensual. En todos los casos, el beneficio no podrá superar los $15.000 mensuales y aplicará para trabajadoras que dediquen un mínimo de 12 horas semanales declaradas. En el escenario base, el Gobierno aspira a formalizar a 90.000 trabajadoras.
"Estamos contribuyendo también al alivio del bolsillo de muchísimas familias que no lograron sostener los arreglos de la organización del cuidado en el contexto de la pandemia", dijo en la presentación de la medida la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. En el mismo sentido, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont sumó que además de una política de registración y bancarización, "es una política de ingresos que se articula con un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional como el aumento del salario mínimo y la suba a $175.000 del umbral de Ganancias o el crédito a tasa cero para monotributistas". Las empleadas que sean registradas también tendrán acceso a una tarjeta de crédito del Banco Nación, con un límite de consumos en torno a los $30.000.
El 95% de las personas que trabajan en casas particulares son mujeres
El sector ya cuenta con un régimen simplificado de registración, que además de sencillo es económico para el empleador y está pensado para estimular la formalización, pero que no generó grandes resultados hasta el momento. Por eso, y tras el golpe que significó para las trabajadoras de casas particulares la pandemia, en esta ocasión se suma un estímulo adicional en forma de subsidio al salario, propuesto de manera conjunta por los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad; de Trabajo; de Economía y la AFIP.
El nivel de reconocimiento que existe del trabajo doméstico en la Argentina no guarda relación con la importancia que efectivamente tiene en el mercado laboral. Según registros oficiales, absorbe casi el 8% de los ocupados totales, valor que supera el 17% si solo se contempla a las mujeres. En otras palabras, una de cada seis mujeres que trabaja, lo hace en el servicio doméstico. El 95% de las personas que ofrecen este servicio son mujeres, 13% de ellas de nacionalidad extranjera, provenientes en su mayoría de países limítrofes.
El empleo doméstico nunca fue incompatible con la Asignación Universal con Hijo (AUH) ni otros programas sociales, como ocurre en el resto de los sectores de la economía, por lo que estos beneficios no deberían operar como desincentivos a la registración.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del último mes de 2019 —es decir, antes de la pandemia—, en el país existían medio millón de trabajadoras de casas particulares registradas. Sin embargo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec mostraba en el mismo momento que alrededor de un millón y medio de personas se dedicaban a esa actividad. El dato que concilia ambos números es que cerca de 70% de estas trabajadoras desempeñan sus tareas “en negro”.
El pequeño grupo dentro del sector que está registrado también se retrotrajo durante la pandemia. Según datos del Ministerio de Trabajo, en febrero de 2020 se contaban 499.800 trabajadoras de casas particulares registradas. En junio de 2021, el último informe oficial disponible, eran 474.600. Es decir, desde el inicio de la pandemia salieron del sistema registrado 25.200 trabajadoras.
Según dijo este lunes la directora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D'Alessandro, a Radio Nacional, se calcula que se perdieron 300.000 empleos en el sector durante la pandemia, si se mira el universo total.
Si bien es un trabajo masivo y, sobre todo, muy antiguo, recién en 2013 se sancionó una ley que reconoce a las empleadas domésticas una jornada máxima de 8 horas y licencia por maternidad. Además, la primera paritaria en la historia del sector en la Argentina fue negociada en 2015.
En junio pasado el sector acordó un aumento de 42% para las trabajadoras de casas particulares, en cuatro cuotas. Con el 12% sumado en septiembre (que se suma al 13% de junio y al que se le agregarán luego las cuotas de 5% y 12% previstasa para diciembre y marzo de 2022, respectivamente) el salario mínimo a cobrar para personal con retiro en tareas generales es de $28.457: menos que el salario mínimo, vital y móvil, de $31.104 a partir de este mes. Por eso el 22 de septiembre la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) envió una nota al Ministerio de Trabajo para solicitar una nueva reunión para tratar un "adecuación de los salarios mínimos para el sector, acordes al real costo de vida".
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