El libertario, firmó el DNU 70/2023 el viernes pasado, sin consultar previamente con los bloques legislativos ni con los gobernadores provinciales. El decreto abarca una serie de reformas que afectan a diversos sectores, como el inmobiliario, el comercial, el industrial, el minero, el energético, el financiero, el laboral, el sanitario y el deportivo.
Entre las medidas más polémicas se encuentran la derogación de la ley de alquileres, la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, la ley de tierras, la ley de promoción industrial, la ley de sociedades del Estado, la ley de manejo del fuego y la ley del comercio minero. También se prevé la privatización de las empresas públicas, la implementación de la política de cielos abiertos, la modificación del código civil y comercial, la eliminación de las restricciones de precios a la medicina prepaga y la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas.
El DNU de Milei generó una fuerte reacción de la oposición, que anunció que presentará un proyecto de ley para rechazarlo y declararlo inconstitucional. Según la Constitución Nacional, el Congreso tiene 10 días hábiles para tratar los DNU del Poder Ejecutivo y puede aprobarlos, rechazarlos o dejarlos sin efecto.
Ante este escenario, Milei anticipó que si el Congreso no respalda su iniciativa, convocará a un plebiscito para que el pueblo argentino decida si quiere o no las reformas que propone. "Si el Congreso rechaza el DNU, voy a llamar a un plebiscito. El pueblo me eligió para que haga lo que estoy haciendo. No voy a permitir que una casta política corrupta y parasitaria me impida llevar adelante el cambio que necesita el país", declaró Milei en una entrevista con LN+².
Sin embargo, la figura del plebiscito no está contemplada en la Constitución Nacional, sino que es una herramienta de democracia directa que se utiliza en algunos países para consultar al electorado sobre cuestiones de relevancia nacional. Para que el plebiscito sea válido, se requiere de una ley que lo regule y establezca los requisitos, los procedimientos y los efectos de su resultado.
Por lo tanto, la amenaza de Milei de recurrir al plebiscito es inviable desde el punto de vista jurídico y político, ya que no cuenta con el marco legal ni con el consenso necesario para llevarla a cabo. Además, podría generar una crisis institucional y una mayor confrontación entre los poderes del Estado.
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