Las primeras sospechas de este peligroso intento de centralización del poder, iniciaron con las declaraciones del ultraderechista vinculadas a la posibilidad que el nuevo DNU no sea aprobado en el Congreso y la intención de llevarlo a plebiscito, como siempre, pasándose por encima la Constitución Nacional y queriendo hacer sus cosas a su manera: a la fuerza.
Diversos legisladores argumentan que la ''Ley Ómnibus'' carece de los controles y equilibrios necesarios para evitar abusos de autoridad y advierten además, sobre los riesgos de conceder poderes tan amplios sin salvaguardias institucionales, temiendo posibles repercusiones negativas para la democracia y las libertades civiles.
En tanto, analistas políticos críticos señalan que la propuesta de Milei contradice los principios fundamentales de la separación de poderes, considerando que podría debilitar las instituciones democráticas existentes, debido que además, pasa por encima de la premisa de que una sola persona pueda abordar de manera efectiva los complejos desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.
Con un aumento del clima de tensión debido a las barbaridades que el ultraderechista desea imponer para nuestro país, grupos opositores convocan a la ciudadanía a expresar su desacuerdo con la propuesta, instando a una cuidadosa revisión y análisis por parte de los representantes en el Congreso antes de tomar cualquier decisión que pueda tener consecuencias a largo plazo.
De esta manera, el desacuerdo, la bronca y el miedo, genera fuerza en las manifestaciones y debates encendidos tanto dentro como fuera del Congreso: grupos de la sociedad civil, partidos de oposición y algunos miembros de la coalición gobernante expresan su desconfianza y rechazo a la iniciativa, organizando protestas y conferencias de prensa para dar a conocer sus preocupaciones más allá de todo protocolo violento y persecutor llevado a cabo por Patricia Bullrich.
En respuesta a la creciente presión, algunos legisladores que inicialmente respaldaron la propuesta de Milei están reconsiderando su posición. Los críticos argumentan que el proyecto carece de detalles sobre cómo se ejercerían los poderes solicitados y cuáles serían los límites concretos, generando incertidumbre sobre la implementación real de la ''Ley Ómnibus''.
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