Luego de dos años de iniciada la causa por primera vez un funcionario de Mauricio Macri deberá dar explicaciones a la Justicia federal por el bono clandestino de $5.000 que esa gestión desplegó en plena campaña electoral de 2019. El exministro de Producción y Trabajo Dante Sica fue citado como imputado para el 14 de octubre a las 11 por el fiscal Ramiro González.
Se trata del primer avance judicial sobre el elenco de Cambiemos en el sumario abierto a partir de una investigación del diario Ámbito Financiero que expuso una resolución oculta que habilitó desembolsar $ 650 millones para distribuir 130 mil bonos supuestamente para desocupados y que tuvo como gestores en todo el país a punteros del entonces oficialismo.
El fiscal González, a cargo del expediente tras la muerte de su colega federal Jorge Di Lello en febrero de este año, convocó a Sica para que haga su descargo ante la acusación de haber incumplido el Código Electoral en cuanto a la implementación de medidas de gobierno en plena campaña. En la fiscalía explicaron que es una imputación menor respecto de otras sospechas que figuran en la causa por la puesta a disposición de fondos públicos sin la debida comunicación y con un supuesto direccionamiento preciso hacia dirigentes de Juntos por el Cambio para favorecerlos en la contienda electoral, así como la posible distribución del bono a fiscales de esa fuerza política. El objetivo, en este aspecto, es evitar la prescripción del sumario, que el mes que viene cumplirá dos años sin mayores definiciones.
La causa arrancó en octubre de 2019 a partir de una serie de notas publicadas en este diario y que recogieron los apoderados del Frente de Todos para presentarse ante la jueza federal con competencia electoral, María Servini, quien a su vez delegó en la fiscalía la instrucción. Hasta ahora figuran como imputados los exministros Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito), el exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al bono), el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez.
En paralelo se presentó una denuncia en Formosa por la aparente coincidencia entre fiscales de Juntos por el Cambio y perceptores del bono donde fueron acusados, además de Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya. En el trámite declararon varios intendentes de distritos gobernados en 2019 por el peronismo en los que el bono era ofrecido por sus rivales y candidatos opositores sin conocimiento de las autoridades y por fuera de los canales oficiales.
La maniobra aparentaba ser una medida de ayuda a desocupados de todo el país con la puesta a disposición de un bono de $ 5.000 por única vez, y sin embargo el entonces oficialismo siguió adelante hasta que Servini le prohibió abonarlo en plena campaña y hasta después del comicio presidencial ante la sospecha de que pudiera ser utilizado como herramienta para influenciar de manera ilegal el voto de los perceptores. El fiscal alega que buscará frenar la prescripción y definir si Sica violó el Código Electoral (un delito que prevé multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos) para luego retomar las acusaciones más graves contra Sica y otros exfuncionarios.
Una vez que ese manejo fue expuesto en la investigación se produjo otro efecto colateral: durante varias semanas, cientos de personas hicieron colas frente a la sede nacional del Ministerio de Trabajo y a delegaciones de esa cartera en todo el país para demandar el cobro del bono en base a su situación de desocupados. Los entonces funcionarios jamás les dieron una respuesta.
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