Mediante una carta abierta, diferentes organizaciones vinculadas a los DD HH, universitarios, sociales y judiciales, solicitaron al presidente Alberto Fernández la intervención urgente en la provincia de Jujuy, debido a los hechos de excesiva violencia y coacción de derechos llevados a cabo las últimas semanas en base a los conflictos por la reforma constitucional.
La reforma, que contempla la apropiación de tierras ancestrales de pueblos originarios para la explotación indiscriminada del litio por un lado, y el castigo a la protesta (derecho consagrado en la Carta Magna) llevó consigo una serie de hechos violentos, censura y represión por parte del gobernador Gerardo Morales, hoy, actual candidato a vice presidente de la Nación de la mano con Larreta.
La carta sostiene en un inicio que: ''En resguardo del orden constitucional y la vida democrática es que le reclamamos la iniciativa, como Poder Ejecutivo Nacional, de impulsar la intervención federal, a los tres poderes de la Provincia de Jujuy, conforme lo establece la Constitución Nacional''.
Por otro lado, se detalla que: ''La intervención Federal es el remedio institucional, materia de competencia del Poder Legislativo, que ya tiene radicados proyectos en ese sentido. Pero el Presidente de la Nación tiene facultades propias como co-legislador para elevar proyectos al Congreso Nacional, y eso es precisamente lo que venimos a reclamarle''.
El documento, firmado por la presidenta de Justicia Legítima Cristina Caamaño; Eduardo Barcesat (docente de la UBA y Constituyente en 1994) Iris Avellaneda (titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos); Claudia Rocca (representante de la Asociación Americana de Juristas); Hugo Godoy (Secretario General CTA-A); José Schulman (representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y el sacerdote Francisco Olveira Fuster, (representante del grupo de Curas en Opción por los Pobres) entre otros, reafirma la necesidad de intervención urgente del presidente ante la violación de derechos humanos llevada a cabo por el mismo gobernador.
Más adelante, se asegura que: ''De ninguna manera permaneceremos callados cuando están en juego esos valores de la vida y la libertad tutelados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos''; ''Los episodios en Jujuy sitúan a la Argentina en una deleznable situación de retroceso institucional, justamente cuando estamos cumpliendo 40 años de vida democrática sellada por una expresión de nuestro pueblo: NUNCA MÁS''.
Con un serio cuestionamiento hacia la Convención Constituyente de Jujuy, el documento asegura que: ''No puede ser convertida en una actividad refrendataria de un texto diseñado desde el poder hegemónico de esa Provincia de Jujuy, con episodios delirantes como el de modificarla una vez juramentada''.
''La pretensa reforma constitucional hiere el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, tanto en lo que atañe a la custodia de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física y psíquica de sus habitantes, como al debido proceso judiciario, el ejercicio de la abogacía, la custodia como bienes del dominio público de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio provincial'', sostiene la carta abierta, a fines de alcanzar el objetivo de intervención por la estabilidad social y el diálogo para con los jujeños.
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