Luego de meses de febriles negociaciones, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional finalmente anunciaron ayer un acuerdo por la deuda de casi u$s45.000 millones que el país contrajo durante el Gobierno de Mauricio Macri. El texto, que contempla pagos entre 2026 y 2034 y no impone una reforma previsional ni laboral, pero sí aumento de tarifas, ahora deberá ser aprobado tanto por el Congreso como por el Board del organismo.
El entendimiento fue comunicado casi en paralelo por el Gobierno y el FMI, que desde Washington consideró que se trata de un acuerdo “pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica”. Ahora comenzará un nuevo capítulo en el escenario local, con el debate parlamentario que se anticipa álgido para el oficialismo.
La génesis será el lunes próximo, cuando el proyecto comience a ser tratado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allí estará presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien brindará detalles sobre la letra chica del texto, uno de los puntos más ríspidos al seno del Frente de Todos (FdT), que todavía no sabe si contará con el voto afirmativo de todos sus legisladores. Por su parte, los sectores duros del macrismo coquetean con el misterio y todavía no sentaron posición al respecto.
En el comunicado difundido por el Gobierno, se informó que el acuerdo “se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por su sigla en inglés), que incluye diez revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de diez años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”.
Además, el Estado dio a conocer que “se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos”, mientras que destacó que “no prevé ninguna reforma previsional”.
A principios de febrero, el país había realizado dos pagos al organismo que encabeza Kristalina Georgieva por u$s731 millones y u$s360 millones, mostrando su buena voluntad para cumplir con el cronograma establecido. Según el acuerdo stand by firmado por Macri, el país debía abonar este año un total de u$s18.000 millones y otros u$s19.000 millones en 2023, un compromiso imposible de cumplir teniendo en cuenta la disponibilidad de reservas del país.
Para avanzar, el Gobierno espera que el Congreso convierta en ley el proyecto antes de fines de marzo. Luego de su eventual aprobación, el Board del FMI lo analizará en profundidad antes de darle su visto bueno. El próximo 22 de marzo la Argentina afrontará un vencimiento por u$s3.200 millones con el organismo.
Aumentos de tarifas de gas y luz
El Gobierno ya dio las primeras pistas de cómo serán los aumentos de las tarifas de gas y electricidad durante 2022 y 2023 según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que demanda una reducción de los subsidios a la energía.
La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, anticipó que en 2022 y 2023 habrá aumentos diferenciados, según tres categorías de usuarios:
a) Usuarios de mayor poder adquisitivo: dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (abarcaría al 10% de los usuarios).
b) Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. La evolución del índice de 2021 fue de 56,5%. Por lo tanto, el aumento rondaría el 22,6%.
c) El resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. En este caso, rondaría el 45,2%.
En tanto para los usuarios no residenciales, que incluye comercios e industrias, se dispuso el pago de la tarifa plena para los clientes industriales, denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), que son aquellos que demandan mayor potencia, y para el resto (pymes y comercios) se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
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