Ayer en horas de la mañana en Salvador Mazza se desplegó un importante operativo de allanamiento a cargo de la Unidad integrada por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal de Tartagal Pablo Cabot junto con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; y del Grupo Operativo Conjunto-NOA; en el cual se secuestraron autos de alta gama, dinero en efectivo, documentaciones y un arma.
Se trata de un operativo que se desencadenó a partir de una denuncia hacia Rubén Mendez, el actual intendente, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito. En la denuncia se especifica que “Los haberes que percibe como intendente [Rubén Méndez] ascienden a la suma de cincuenta mil pesos aproximadamente, lo cual torna imposible contar con capacidad económica para poder adquirir los vehículos mencionados”. En su vivienda particular el jefe de la comuna tenía 200 millones de pesos acumulados, entre pesos y dólares. Solamente en dólares tenía 705.000 en la caja fuerte. Además secuestraron dos vehículos BMW, una camioneta Ford valuados en un total de 56.835.000 pesos aproximadamente.
Por otra parte, en la denuncia también señalaron que una organización liderada por el intendente se quedaba con la recaudación de distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento del pueblo.
Odorisio confirmó que hoy se realizará la imputación de 12 personas que incluye al intendente, funcionarios municipales que colaboraban de forma estrecha con Méndez y personas allegadas participes de estos hechos.
No es la primera vez que Rubén Mendez se encuentra en estas encrucijadas, ya tuvo que presentarse a declarar en el Juzgado Penal Federal de Tartagal, a cargo de Carlos Martínez Frugoni, en la causa que pesa en su contra por infracción a la Ley Penal Tributaria en abril de este año para justificar el crecimiento desmedido de su patrimonio, el cual no tenía coherencia considerando que en AFIP se encuentra registrado como comerciante y que en 2018 se había declarado insolvente.
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