Milei lo hizo: para inquilinos es imposible alquilar una vivienda

Manipulaciones y destratos, exigencias delirantes y ausencia de los supuestos “acuerdos” entre las partes a la hora de ‘negociar’ la renovación del alquiler, y situaciones extremas como desalojos judiciales son algunas de las postales que describen el difícil momento que atraviesa una gran parte de la ciudadanía que ve violentado su derecho al acceso a una vivienda. “El obstáculo que tenemos no es ideológico, la dirigencia se dedica al negocio inmobiliario entonces tenemos obturado el avance con un Estado que no se hace cargo de este drama”, explicó Gervasio Muñoz de inquilinxs Agrupadxs. Se conoció diversas historias en primera persona sobre la crisis que atraviesan inquilinas e inquilinas tras la caída de la Ley de Alquileres. Mientras tanto, Nación se desliga y la regulación inexistente deja que el mercado haga estragos. “Importan más los intereses de alguien que tiene una vivienda que no usa, antes que los míos que no tengo lugar para vivir”, denunció Ignacio, uno del más de un millón de personas que alquila en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la última encuesta realizada por la organización Inquilinos Agrupados, en marzo de este año -con cerca de 4.000 respuestas-, el DNU de Javier Milei generó un aumento de precios de alquileres y mayor rentabilidad para dueños e inmobiliarias. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, por ejemplo, el 91,5% de los contratos pasó a tener actualización cada seis meses o menos (antes, era anual); el 41% de los contratos firmados bajo dicho decreto son por un plazo menor a un año y la incidencia del alquiler -es decir, el porcentaje de ingreso total en el hogar destinado al alquiler y la expensas- pasó a ser de 41%; 10 puntos porcentuales mayor a cuando la normativa continuaba vigente.

“Lo que está empezando a suceder es el desalojo judicial y el desalojo económico. Lo que proponen con las actualizaciones trimestrales por inflación no aguanta más de seis meses con los salarios planchados y los aumentos en todas las áreas. El que firmó el 1° de enero tuvo un aumento del 51,2% en el alquiler; actualmente paga $200.000 más y dicha cifra, sobre el salario, te deja en la calle”, dijo a este medio Gervasio Muñoz, de Inquilinxs Agrupadxs

El Art. 14 bis de la Constitución Nacional, establece que el Estado deberá otorgar a las y los ciudadanos “beneficios de la seguridad social” con carácter integral e irrenunciable, y entre ellos se destaca -entre otros- el acceso a una vivienda digna. “Muchas personas están pasando por la situación del desalojo económico. En este caso, no se da intervención a la Justicia porque muchos inquilinos se van antes. No lo tenemos naturalizado así, no lo tenemos asimilado o entendido como un desalojo porque lo que sí tenemos naturalizado es una relación comercial, pero lo que les sucede a muchos es que lo que se pone en marcha con este contrato de alquiler corto es que te desalojan de tu casa por vías económicas”, explicó Muñoz.

Problemas en la renovación de contratos

“El objetivo es que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”, explicó el presidente Javier Milei al derogar la Ley de Alquileres, a fines de diciembre pasado. La Ley N° 27.551, que entró en vigencia en julio del 2020, dispuso que la duración del contrato debía ser de tres años con un ajuste semestral o anual, con índices oficiales (como Casa Propia o Índice para Contratos de Locación/ICL) y, obligatoriamente, en pesos argentinos. A partir del decreto 70/2023, se toma al contrato de alquiler como una “negociación” donde las partes -es decir, el inquilino y el propietario- deben llegar a un acuerdo en todos los puntos antes mencionados. Lo cierto es que esto no ocurrió y se observaron distintos abusos y destratos por parte de los dueños a la hora de llevar a cabo dichas conversaciones.

Ignacio es estudiante y habita en la Ciudad de Buenos Aires, tras independizarse hace dos años. Al mudarse notó que el departamento necesitaba algunas refacciones pero “como el alquiler estaba barato, me permitía no pedirle a mi mamá que me ayudara a sostenerlo”; tanto es así que durante los tres años que duró dicho contrato, no necesitó recurrir a ella. Según explicó, estudiando y trabajando, mantuvo el alquiler con el 30% de sus ingresos. Pero los problemas comenzaron a mediados del 2022, cuando tuvo un inconveniente con el gas en el departamento. “Estuve un año entero con anafe eléctrico. Si bien por ley me correspondía no pagar alquiler hasta que se reanude el servicio, por tener un ‘gesto’ con la propietaria seguí pagando e incluso ajusté el monto acorde a lo que correspondía por ley”, narró.

Un año después le instalaron una cocina eléctrica y en el medio, rompieron gran parte del departamento. “Cuando estaba por darse el último incremento -que llevaba el valor a $75.000-, la propietaria me cita para decirme que ‘quedó bajo’ y pedirme si podía aumentarlo a $120.000. Me pidió que destine, voluntariamente, más de un tercio de mi sueldo en pagar un monto que superaba más del 50% que le tenía que pagar”, recordó. 

Sin ningún tipo de contemplación tras los esfuerzos realizados, la dueña le “sugirió” dejar el departamento en el verano o en marzo cuando su contrato finalizaba recién en noviembre del 2024. Hace un mes, Nacho volvió a escribirle para notificar que en julio próximo dejará el departamento ya que no puede pagarlo y deberá volver a lo de su mamá porque no puede encarar una nueva mudanza, otro ingreso o la manutención de un alquiler con aumentos desmedidos. Al recordar el encuentro, aseguró que la propietaria estaba contenta y aceptó instantáneamente la situación, “como cuando te dan una noticia piola que no esperabas”; algo que -lógicamente- le generó más bronca y enojo por haber continuado pagando el alquiler cuando ella incumplía con sus obligaciones.

Nunca recibió descuentos en el alquiler. Para él, no existe “reciprocidad en la relación propietario/inquilino” ya que todas las obligaciones recaen sobre el segundo mientras el primero no cumple. 

“¿Qué vida puedo proyectar sin estabilidad de vivienda? ¿Qué proyecto familiar puedo tener si no puedo ni siquiera aspirar a un dos ambientes para convivir con una eventual pareja? ¿Qué pareja puedo conocer si a los 30 años estoy viviendo con mi mamá? Uno se siente infantilizado. Estoy por cumplir años en agosto, en un punto avanzado de la carrera, laburo 9 horas cinco días a la semana, y mi proyecto sostenible es volver a lo de mi vieja. Eso es lo que mi sueldo puede pagar”, sentenció.

Desalojos judiciales y deshumanización

En medio de una crisis sin precedentes, Gervasio Muñoz -presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, además de estar al frente de Inquilinxs Agrupadxs- denunció que están ocurriendo desalojos judiciales; es decir, cuando el desalojo económico pasa a una segunda etapa porque el inquilino/a no tiene a donde ir ni donde quedarse y solo espera ser echado del inmueble. “Está pasando con muchos jubilados solos, que no tienen familia, pagaban un alquiler, se les terminó el contrato y no tienen donde ir. También con desempleados, que se quedaron sin laburo en estos meses y no tienen cómo pagar otro alquiler. Solo esperan el desalojo judicial. Una tarde tuvimos dos jubilados que nos vinieron a ver porque les estaba iniciando una demanda de desalojo”.

María Candela, representante de la organización en Mar del Plata, sostuvo que no supo nada más de la inquilina de 45 años -a la cual amenazaron con cambiarle la cerradura y echarla-. “A otra inquilina, que tenía contrato firmado por ley de Alquileres y se le vence a fin de año, los dueños le dijeron que se tenía que ir porque habían vendido la propiedad. Le mandaron un martillero, varias veces nos comentan que les envían figuras de autoridad para ‘explicarles’ la ley a los inquilinos. La asesoramos respecto de que no la podían desalojar y logró quedarse en el departamento. En el medio le dijeron que si se quedaba debía pagarle otro monto por fuera”, apuntó.

“Es necesario tomar consciencia. Si dolió entender que es un desalojo económico es porque ahí hubo algún grado de entendimiento de la gravedad que significa esto y la diferencia con creer que solo se terminó un contrato, que no podés renovar. El peso y la violencia del mercado es esto, decirte que te aumentan un 400% y te tenés que ir. ¿Dónde? Nadie sabe. Ni el Estado, menos el mercado”, concluyó Muñoz.