El desempleo en la construcción avanza en el norte argentino, tras la decisión del Gobierno nacional de terminar con la obra pública y por los elevados índices de inflación de los últimos meses que rompieron con todas las previsiones del sector.
Los últimos datos indican que ya hay 8.000 desempleados de la construcción en Jujuy, una cifra similar en Salta, 10.000 en Chaco, 3.500 en Tucumán y 2.000 en Entre Ríos. Y esta semana un colectivo de ingenieros e ingenieras de Formosa denunció que alrededor de 50 empresas de esa provincia están paradas, con el 100% de su personal despedido.
Hace unos días, el propio presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, calculó que las suspensiones y los despidos afectan a alrededor de 100.000 trabajadores porque las obras "siguen paradas".
Por esta razón, no fue extraño que el colectivo "Ingenieros del Modelo Formoseño", publicara una solicitada en medios de esa provincia para denunciar que "más de 50 empresas constructoras formoseñas con financiamiento nacional de obras en ejecución se encuentran paralizadas, generando el despido del 100% de sus obreros y profesionales".
"El desfinanciamiento de las obras públicas que estaban en ejecución en todo el territorio nacional ha dejado esta valiosa herramienta para el desarrollo territorial en manos de la buena voluntad privada, generando la incertidumbre sobre las deudas pendientes, sobre la continuidad de las obras en ejecución y desalentando cualquier posibilidad de planificar con la colaboración del Estado Nacional el futuro desarrollo de los pueblos", agregaron.
En su última conferencia de prensa el gobernador peronista Gildo Insfrán expresó que "por orden de él (del presidente Javier Milei) se suspendieron las viviendas, caminos en construcción y las obras que estaban con financiamiento ya firmado con organismos multilaterales de créditos, o sea internacionales". "La verdad es que la situación es muy grave", cerró.
Unidas por desempleos similares
En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, la situación se agravó en las dos últimas semanas. Al cierre de la primera quincena de febrero, los desempleados de la construcción eran 6.000, según Ramón Neyra, secretario general de la seccional provincial del gremio del sector, UOCRA, pero esta semana admitió que esa cifra ascendió a 8.000, tras una reunión con los integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción jujeña.
De ese encuentro surgió también que solo están activos entre 2.000 y 2.500 obreros. Entre las obras que la Nación desfinanció se encuentran la construcción de viviendas en San Salvador, en Palpalá y en la localidad de Los Alisos; trabajos de renovación en la ruta nacional 34 y un desagüe pluvial de grandes dimensiones en Humahuaca.
En la vecina Salta la situación es similar Juan Carlos Segura, titular de la Cámara de la Construcción, confirmó que a los 6.000 trabajadores desocupados de enero se les sumaron unos 2.000 más en los últimos días.
"Todavía nos deben certificados de obras de noviembre y diciembre, pero en enero y febrero no hubo avances ante la incertidumbre sobre cómo va pagar la Nación", contó. De acuerdo al empresario, habría interés desde el Ministro de Infraestructura de la Nación, en principio, para poner en marcha un modelo similar a un plan de ahorro para terminar con la construcción de viviendas. Esta semana, el dirigente gremial de la UOCRA Salta, Rubén Aguilar, alertó que como contracara de este nivel de desocupación, se abrió un frente de conflicto en el ámbito de la obra privada -que absorbió parte de los nuevos desempleados- en donde se han registrado algunos abusos. "Algunos desarrolladores inmobiliarios están aprovechando la situación y están haciéndose la fiesta porque toman trabajadores pero 'en negro' y eso es inconcebible", manifestó.
"Estado de emergencia"
El secretario general de la UOCRA Chaco, Ariel Ledesma, describió como grave la situación en su provincia, en donde ya hay 10.000 desempleados de la construcción desde que asumió el presidente Milei y solo 2.500 activos. Detalló que desde diciembre está paralizada la megaobra del Segundo Acueducto, esencial para la región, cuando solo resta un 10% para su finalización.
"Fue un total despropósito y también las rutas del Impenetrable quedaron en medio de la nada. Es lamentable y ojalá el gobernador de la provincia logre gestionar los recursos para encaminar la situación. Mientras tanto, nos declaramos en estado de emergencia", sostuvo Ledesma en una conferencia de prensa.
Entre Ríos presenta un escenario similar. "Respetamos la voluntad del pueblo que eligió al presidente Milei como presidente, era para que gobierne y provoque consensos pero no vemos un plan económico, hay una recesión, una pérdida del poder adquisitivo y también estamos complicados en materia de seguridad y pobreza", sostuvo en una entrevista Walter Doronzoro, secretario general de la UOCRA. Según los cálculos del gremio, 2.500 obreros fueron despedidos desde enero.
Por esta razón, diputados provinciales del peronismo impulsan una declaración de emergencia para que sea tratado también en la Cámara de senadores. El objetivo, según la diputada Lorena Arrozogaray, es instar al gobernador Rogelio Frigerio a que se ponga al frente del reclamo "para defender los intereses de nuestra tierra y reactivar las obras paralizadas".
Para darle dimensión al recorte de los fondos nacionales, la parlamentaria por Gualeguaychú explicó que se han paralizado las obras de una Nueva Toma y Planta Potabilizadora y la reconstrucción de la ruta provincial 20. "Entre estos y otros trabajos menores dejarán de entrar al municipio cerca de $20.000 millones, casi el equivalente a un presupuesto municipal para todo el año", señaló.
Por último, en Tucumán la obra pública, que es financiada en un 90% por la Nación, casi ni se mueve, aunque los obradores más chicos ya han cerrado.
La Legislatura sancionó hace dos semanas una declaración de emergencia para el sector, para facilitar que el gobierno provincial destine recursos propios para evitar que los trabajos se paralicen pero la ejecución también depende, en gran medida, de los recursos con los que pueda contar por recaudación propia la gestión que conduce el peronista Osvaldo Jaldo, que mantiene una actitud dialoguista con la Casa Rosada.
Hasta el momento la ley no surtió efecto. Según David Acosta, secretario general de la UOCRA local, ya hay 3.500 desempleados en el sector, una cifra que tiende a crecer.
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